Sadam en el recuerdo…

Una calurosa mañana de abril de 2003, bajo la atenta mirada de cientos de periodistas -entre ellos muchos españoles- y escoltados por tanques estadounidenses, decenas de jubilosos opositores iraquíes derribaron y pisotearon con saña una de las estatuas más famosas del Sadam Husein. El dictador y sus dos crueles hijos habían desaparecido días antes y tampoco quedaba ya rastro de su guardia pretoriana. La operación militar anglo-estadounidense había sido rápida e implacable, casi de precisión matemática, y había llegado la hora de emprender la tarea más ardua, aquella que había sido utilizada como excusa para desatar unas hostilidades ilegales a la luz del derecho internacional: contribuir a que los iraquíes se sacudieran los yugos y recorrieran el camino de la democracia.

Ocho años después, ese soñado estado democrático, libre y modernizado, es todavía una quimera. La oleada de terror, vendettas y asesinatos indiscriminados que estalló tras el desmoronamiento de la dictadura se proyecta aún como una amenaza viva y una fuente constante de desestabilización. Aunque la industria petrolera fue recuperada de forma casi inmediata y efectiva, el sistema económico adolece de una profunda crisis que mantiene a decenas de miles de iraquíes al borde la pobreza -y que permite que unos pocos más se hayan hecho inmensamente ricos. Las diferentes fuerzas políticas, religiosas y étnicas están más cerca de la guerra que de la reconciliación nacional definitiva, y el terrorismo, aunque parece haber declinado, es todavía constante. El odio al dictador -manipulado por las tropas invasoras- era el único cemento que mantuvo por un tiempo unidas a las dispares comunidades nacionales. Una vez ajusticiado éste -y asesinados sus dos hijos-, las divergencias ideológicas, las cuentas pendientes y los intereses encontrados afloraron, espoleados por una sucesión en cadena de errores políticos. El más grave de ellos, quizá, la decisión de la autoridad de transición dirigida por el mercenario político norteamericano Paul Bremmer III de desmantelar toda la estructura del antiguo régimen. Se desbandó el Ejército y la Policía y se purgó la Administración, sin distinguir a aquellos funcionarios que eran baazistas de aquellos otros, válidos, que trabajan para el régimen por razones prácticas, porque tenían la necesidad de alimentar a sus familias o porque simplemente eran objetos de chantaje. La errada medida creó un vacío de poder que las distintas facciones ambicionaron llenar y que desembocó en una compleja guerra civil plagada de numerosos frentes. Chiíes laicos, religiosos, pro iraníes y antiiraníes comenzaron a luchar entre sí, azuzados por los anhelos de sus líderes políticos y religiosos. Las viejas rencillas entre los kurdos asomaron y se convirtieron en instrumento de cambalache político. Los suníes, minoritarios y satanizados por haber sido esta la confesión del tirano desposeído, cayeron, en gran parte, en las garras del radicalismo más violento. Además, y con un estelar atentado perpetrado en agosto de 2003 contra la sede de la ONU en Bagdad, la red terrorista internacional Al Qaida se presentó en el país y sembró un terror que aún coletea, pese a que los invasores comienzan a batirse en retirada de un Irak que por ambición petrolera y delirios de grandeza destruyeron y después casi abandonaron a sus suerte.

Apenas una década después, otro dictador odiado por su pueblo y con el que Occidente ha mantenido una ambivalente y en ocasiones hipócrita relación, parece vivir igualmente el final de sus estrafalarios días. En medio del áspero calor de agosto -y con la inestimable ayuda aérea de la OTAN- los insurrectos libios han conseguido entrar en Trípoli, tras casi seis meses de avances y retrocesos frente a las tropas aún leales a Muamar al-Gadafi. El día 23 (sin presencia de la prensa española, hecho que constata la crisis en la que está sumido este sector) lograron por fin quebrar las defensas de su residencia-fortaleza de Bab al-Azaziya, y aunque todavía existen focos de resistencia en barrios capitalinos y localidades del oeste del país, los rebeldes dicen controlar Trípoli y al menos el 95 por ciento de la antigua “Jamahiriya”. La última de las grandes batallas podría librarse en los próximos días en la ciudad de Sirte, cuna del coronel que hace 42 años lideró una algarada similar contra la monarquía Al Sanussi y logró algo que parecía imposible, aunar bajo un sólo mando a los eclécticas tribus libias.

Con la victoria militar casi al alcance de la mano, la oposición libia y la comunidad internacional se enfrentan ahora a un titánico trabajo, similar al que condenó a Irak. Llevar a cabo -esta vez con éxito- una genuina transición democrática que sirva de ejemplo y espejo a otros estados, y que evite un fracaso que podría tener graves consecuencias regionales e internacionales. Un estado de terror en el país norteafricano amenazaría a sus vecinos -implicados en un proceso parecido tras derrocar a sus respectivos autócratas en movilizaciones populares- y podría desestabilizar toda la cuenca sur del Mediterráneo, con las negativas consecuencias que ello acarrearía a una Europa ya cercada por sus propios prejuicios, su historia y la voracidad de los especuladores.

Algunos incidentes ocurridos a lo largo de los seis meses de combates no invitan al optimismo. Cuenta un colega de la agencia Reuters que durante el avance de las diferentes milicias hacia Trípoli, la rivalidad desencadenó disputas y en numerosas ocasiones evitó un progreso más rápido y efectivo. Los insurrectos discutían y en numerosas ocasiones se negaban a aceptar ordenes de superiores por el simple hecho de pertenecer a otra aldea o a otra tribu. Espoleados por la OTAN, los diferentes grupos se han aprovechado de la inestabilidad sembrada en el país para acceder a los arsenales del régimen, armarse hasta los dientes y avanzar hacia la capital, pero lo han hecho sin un plan ni un mando único. “Los rebeldes se refieren a sí mismos como los combatientes de este pueblo o de este otro, no como los rebeldes de Libia. Cuando un periodista llega a la frontera debe pedir un permiso escrito a cada milicia para cruzar por su región”, explica Michael Georgy, reportero del citado medio británico. “Más allá de la superficie visible, los rebeldes estás divididos en facciones y temen sufrir la infiltración de agentes de Gadafi. Las aldeas bereberes y las árabes se observan unas a otras con suspicacia”, precisa.

Hasta la fecha, solo la oposición política se ha agrupado en el denominado Consejo Nacional de Transición (CNT), con sede en la ciudad rebelde de Bengazi. Compuesta por antiguos responsables del régimen que han ido abandonado a Gadafi según cuajaba la algarada, está integrada por una amalgama de socialistas árabes, islamistas, líderes tribales, laicos, hombres de negocios, tecnócratas y oportunistas. Su cabeza visible es Mustafa Abdeljalil, ex ministro de Justicia del régimen, quien desertó el pasado febrero. Bendecido con una buena imagen internacional -un cable de la embajada norteamericana desclasificado por wikileaks los describe como un “tecnócrata moderado- carece, sin embargo, del mismo respaldo entre los rebeldes. “No existe un líder posterrevolucionario que sea respetado por todos. Es un gran problema”, advierte Kamran Bujari, director para Oriente Medio de la fundación de estudios sobre Servicios Secretos STRATFOR.

Abduljalil parece consciente de ello y ya ha enviado mensajes en este sentido, tanto a sus colegas rebeldes como a la comunidad internacional. Pocas horas después de que los alzados aseguraran el control de la fortaleza de Gadafi en Trípoli, y en medio del discurso de la victoria, amenazó con dimitir si no se seguían las directrices del CNT. Sabedor de las cuentas pendientes que quedan, instó también a los líderes militares a actuar con sensatez y a evitar las venganzas. Es un secreto a voces que en Bengazi hay gran preocupación sobre la actitud que adoptarán las milicias del oeste. Tradicionalmente, Libia ha estado dividida en la provincia de la Cirenaica, con capital en la citada Bengazi, más progresista y hostil a Gadafi, y la Tripolitania occidental, feudo de las tribus más aguerridas y conservadoras. Mientras la actividad diplomática y política rebelde se ha desarrollado en la referida urbe costera, han sido los insurgentes de las montañas occidentales y de la localidad de Misrata los que han llevado el peso de la batalla sobre el terreno. Una vez controlado el país, se espera que los tripolitanos se presenten en Bengazi para reclamar su botín. El reparto no se antoja fácil. Mientras en la capital rebelde se hacen guiños de democracia a Occidente y se pide financiación y ayuda extranjera para evitar el posible resquebrajo, la cordillera occidental se llena de hombres de luengas barbas y discurso islamista que critican la intervención foránea.

Una segunda fuente de inestabilidad la constituye la peculiar estructura sobre la que Gadafi edificó su régimen. El dictador creó un estado a su medida, sostenido en el culto a su persona y cimentado en su ladina capacidad para cabildear con las diferentes tribus. Huérfano de unas instituciones fuertes al uso que puedan ahora servir de pilar a los rebeldes. Una compleja mezcla de mano izquierda, puño de hierro y bolsas de petrodolares, combinada con un sagaz conocimiento de la idiosincrasia de cada grupo para sacar provecho de sus debilidades, de sus fortalezas y de sus conflictos tribales. Un equilibrio funambulista que 42 años después ha saltado por los aires y que ahora la oposición debe hacer suyo.

El mejor ejemplo son las fuerzas armadas. El Ejército libio ha sido durante las últimas cuatro décadas un ente nominal integrado por una fuerza de elite fiel al dictador y decenas de cantones castrenses que actuban bajo el liderazgo de cada tribu. Una vez quebrado el hilo conductor, cada milicia ha tomado su propio partido en el marco de la revolución. “Es muy importante iniciar un proceso de desmobilización y desarme (de las tribus) tan pronto como la situación lo permita”, explica Pieter Wezeman, experto de Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Es necesario “tanto para prevenir la violencia armada en Libia como para evitar que las armas fluyan hacia otros grupos armados en el norte de África”, concluye. En este contexto, parece que la parte má fácil se ha logrado, pese a que le dictador aún no ha sido capturado. Ahora empieza el laberinto de gestionar la victoria. FIN

javiermartinr@gmail.com

El Laberinto iraní

Ajeno al caos que bulle en el centro de Teherán, el pequeño pabellón central de la embajada británica en la capital persa conserva ese empaque lustral que rezuman los lugares en los que se ha escrito la historia. Hace setenta años, en sus espaciosas salas decoradas con parco estilo inglés, Winston Churchill, Josef Stalin y Frankling D. Roosvelt (the big three) se reunieron por vez primera desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial para decidir el destino de la humanidad. A lo largo de una gran mesa de madera maciza que aún preside la sala principal, los dignatarios del Reino Unido, Rusia y Estados Unidos cerraron los detalles técnicos y políticos del desembarco de Normandía, el llamado “día D”, que supuso el golpe de gracia a los delirios imperialistas de Adolf Hitler y el principio del fin del conflicto. En aquellos tiempos, el Sha Reza Pahlevi ya había sido obligado a abandonar el Eje y optado por declararse neutral, decisión que transformó Irán en lugar de tránsito de tropas y pertrechos con destino al acosado frente ruso. Una década después, Londres y Washington le devolvieron el favor: una conspiración urdida por la CIA con ayuda de los servicios secretos británicos desencadenó la caída del populista primer ministro, Mohamad Mosadegh, reforzó el contestado poder del hedonista Sha y convirtió a Estados Unidos y el Reino Unido en los dos enemigos más enconados de nacionalistas, comunistas y religiosos persas.

El pasado 29 de noviembre, la inquina hacia el “imperialismo” sirvió una vez más de excusa para escribir un nuevo capítulo de la guerra fratricida que desde hace años mantienen las diversas facciones que coexisten en el seno del régimen teocrático chií. Una turbamulta de sicarios, organizados y espoleados desde los sótanos ultraconservadores, asaltó la finca en la que se ubica la legación británica, destrozó parte de los edificios y saqueó numerosas estancias. Un extravagante episodio de cólera inducida que recordó al que en 1979 -en plena revolución- condujo a la ocupación de la embajada estadounidense y que tres décadas después ha conseguido forzar la adopción de una medida que la bancada más radical del Parlamento buscaba desde los cruentos incidentes post electorales de 2009, y que ciertos sectores del régimen trataban de evitar: la degradación de las relaciones diplomáticas con Londres. Una provocación calculada que se entiende, asimismo, como un mensaje de fuerza de la corriente más retrógrada y tradicionalista a los denominados “conservadores pragmáticos” -liderados por el controvertido presidente, Mahmud Ahmadineyad- al hilo del duelo a muerte que ambas corrientes libran por el poder.

El (pen)último acto de esta tragicomedia persa comenzará a representarse este 24 de diciembre, fecha en la que arranca un largo -y probablemente controvertido- proceso electoral que concluirá el próximo 2 de marzo con la elección de un nuevo Parlamento. A partir de esa primera fecha, y durante una semana, estará abierto el plazo para la presentación de candidaturas, que deberán ser refrendadas en última instancia por el Consejo de Guardianes, segundo órgano de poder en la República Islámica. Integrado por una docena de religiosos y expertos legales, este conciliábulo no electo en las urnas tiene potestad para, entre otras atribuciones, vetar a los aspirantes, vigilar el proceso electoral en su conjunto e interpretar la Constitución, además de ser la institución que después certifica y valida el resultado de los comicios. Su acción ha sido tradicionalmente muy polémica, y en numerosas ocasiones conflictiva con el otro protagonista del proceso electoral: el ministerio de Interior, encargado de la seguridad, las cuestiones técnicas y la logística del sufragio. Aunque la estructura de este Consejo -y parte de sus componentes- apenas han variado desde que en 1979 fuera instaurado por el fundador de la República Islámica, el gran ayatolá Rujolá Jomeini, con el paso de los años ha multiplicado su poder, hasta convertirse en la pieza fundamental del andamiaje teocrático, en cuya engranaje está infiltrado de forma casi omnipresente con cientos de oficinas, representantes y voluntarios repartidos por todo el territorio nacional. Dominado por el tradicionalismo más rancio, fue uno de los principales azotes del reformismo edulcorado defendido a principios del presente siglo por el ex presidente Mohamad Jatamí, y el factótum, junto al líder supremo, ayatolá Alí Jameneí, que permitió el ascenso del polémico Ahmadineyad. En 2009, y pese a las evidentes irregularidades y el fraude escenificado por el ministerio, avaló la discutida victoria del citado mandatario, arbitraje que desencadenó multitudinarias protestas populares, reprimidas de forma brutal, a sangre y fuego, por las fuerzas de Seguridad.

Esa cuestionada reelección supuso, igualmente, la fractura definitiva de un régimen carcomido por las grietas. La aniquilación de la fracción reformista, reducida a mero y apaleado espectador, ha desencadenado una enconada batalla entre las distintas fuerzas conservadoras, que hasta la fecha se habían mantenido unidas, de forma interesada, para hacer frente a aquellos que como el ex primer ministro, Mir Husein Musaví, el antiguo presidente del Parlamento, Mehdi Karrubí, o el propio Jatamí, propugnaban una suerte de reforma somera, tibia, sin forzar los límites de la cleptocracia. En una esquina del cuadrilátero se sienta el sector más radical y conservador, integrado por clérigos nostálgicos llegados al poder en los días de la Revolución, viejos altos mandos de la influyente Guardia Revolucionaria, políticos de primera hora y manadas de estudiantes y voluntarios islámicos “Basij”, utilizados como fuerza de coacción y choque. Enfrente, y en torno a la figura de Ahmadineyad y su círculo, combaten los denominados conservadores pragmáticos, que se dicen dispuestos a cambiar políticas hasta la fecha inmutables -incluida la relación con Occidente o el programa nuclear- con el objetivo de garantizarse el control absoluto de los cresos recursos del Estado. Su núcleo es una generación de hombres que participaron en el alzamiento contra el Sha pero que eran entonces demasiado jóvenes como para integrar los cuadros de mando del nuevo Estado; veteranos de guerra, tecnócratas formados en los seminarios, clérigos con aspiraciones políticas y guardias revolucionarios de la nueva hornada que han prosperado social y económicamente a la vera del actual mandatario. La mayoría de ellos -incluido el propio Ahmadineyad- sufrieron, como responsables de rango medio, los padecimientos de la larga y cruenta guerra fronteriza con Irak (1980-1988) y sobrevivieron a la misma, hasta escalar posiciones a través de ese complejo entramado de alianzas, falsas amistades y vínculos familiares que es la cúpula del poder en Irán. Conscientes de que el sistema comienza a dar signos evidentes de agotamiento, propugnan una evolución económica y política; que todo cambie sin cambiar, frente a la necesidad de cerrarlo más, de endurecerlo y aislarlo que defiende la vieja guardia ultraordotoxa.

En medio, como árbitro de la contienda, se sitúa el líder supremo de la Revolución, cuyo poder es omnímodo. Alí Jameneí, experto en navegar en aguas tumultuosas desde que en los prolegómenos de la revolución se sumara al círculo más íntimo del gran ayatolá Jomeini, ha coqueteado en los últimos años con ambas facciones, aunque desde hace meses parece más proclive a favorecer las tesis tradicionalistas que a fomentar las ambiciones de los pragmáticos, una vez sepultados los reformistas. La resurrección de los conservadores se remonta al año 2003, fecha en la que recuperaron el poder municipal, hasta entonces en manos de los aperturistas. Aquellos comicios fueron, además, la primera ocasión en que se pudieron vislumbrar los indicios de la amplia fisura que se abría en las filas conservadoras; un atisbo de brecha que, sin embargo, fue sagazmente ocultada argumentando la necesidad de hacer frente al enemigo común, encarnado en el movimiento reformador abanderado por Jatamí. La sección más tradicional y reaccionaria boicoteó el sufragio y la victoria sonrió a la generación emergente, con Ahmadineyad, entonces alcalde de Teherán, como adalid y emblema. La tendencia prosiguió en las elecciones parlamentarias de 2004 y se consagró en las presidenciales de 2005 con la ya entonces discutida elección del propio Ahmadineyad, cuya victoria fue tachada de fraudulenta. Durante los siguientes cuatro años, el nuevo mandatario se ganó el corazón de los estratos más desfavorecidos de la sociedad con medidas tan populistas como ineficaces, y la fama de duro y beligerante entre la casta clerical, a la que concedió beneficios e hizo guiños en cuestiones relacionadas como la moralidad y el orgullo revolucionario, con la recuperación del controvertido programa nuclear o su belicosidad verbal y prepotente en las relaciones exteriores. Pero también le generó las primeras insidias y el recelo de figuras del régimen como el poderoso ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanayaní, al que derrotó en las urnas. Además, le sirvieron para atraer a la capital a un grupo de acólitos que le acompañaron durante sus años de gobernador en la conflictiva provincia de Ardabil, fronteriza con Irak-, y para favorecer el ascenso de una nueva generación de responsables -muchos de ellos salidos de la propia Guardia Revolucionaria-, a los que repartió gran parte de los recursos del Estado, a través de una ladina política de privatizaciones y clientelismo que poco a poco comenzó a arrinconar a la vieja guardia, tanto tradicional como reformista.

Paradójicamente, las elecciones presidenciales de 2009 supusieron el fin de la unidad estratégica de los conservadores. Finiquitado el objetivo compartido de arrasar el “movimiento reformista verde”, el plan propuesto por el reelecto presidente Ahmadineyad para suprimir los arraigados subsidios estatales a productos básicos como los combustibles, la electricidad, el agua o ciertos alimentos, desató las hostilidades. A la medida, que atacaba uno de los principios de la revolución -en uno de sus primeros discursos tras el regreso del exilio, Jomeini prometió que los iraníes jamás volverían a pagar por su petróleo- se opuso con firmeza el Parlamento con su presidente, Alí Lariyaní, uno de los políticos más influyentes del país, a la cabeza. Tras meses de agria polémica y vetos, el proyecto político económico estrella del mandatario fue aprobado en la Cámara gracias a la intervención directa del líder supremo. Fue la última vez -hasta la fecha- en que Jameneí ejerció su poder casi absoluto en defensa del mandatario. La máxima autoridad ya había comprometido parte de su figura al bendecir el amaño urdido por el ministerio de Interior antes incluso de que, en medio de las multitudinarias protestas y la cruel violencia, el Consejo de Guardianes certificara la falaz reelección. Sin embargo, y a ojos del líder, el presidente y su círculo habían comenzado a pisar algunas de las líneas más sagradas.

La primera evidencia de que la sintonía entre ambos comenzaba a desentonar surgió tras la fallida destitución del ministro de Inteligencia, Haydar Moslehi, un clérigo cercano a Jameneí y enemigo acérrimo y declarado de Ahmadineyad. El líder obligó a que el ministro fuera reintegrado en el gabinete y el mandatario retó su autoridad al desaparecer durante nueve días de la escena pública, y obviar su presencia en dos consejos de ministros. El mar de fondo de este pulso, aún vivo, es el equilibrio de la balanza de poder que representa la fórmula “república islámica”. En la última década, dos tesis políticas se han convertido en objeto dominante de debate. La primera, amparada por reformistas como Jatamí y tradicionalistas pragmáticos como el propio Rafsanyaní, aboga por reducir las atribuciones del líder supremo -al que elige un consejo de sabios- y multiplicar el poder del presidente, que emerge de las urnas. Es decir, más revolucionario y menos islámico. La segunda, abanderada por el propio Jameneí, por altos cargos de la Guardia Revolucionaria, ayatolás ultraconservadores -muchos de ellos miembros del Consejo de Guardianes, la Judicatura y otros órganos como el Consejo de Determinación-, además de otras facciones que han ganado influencia municipal y parlamentaria en los últimos años, defiende la vía contraria: desnudar la presidencia hasta convertirla en la oficina de un mero primer ministro supeditado a las órdenes del líder supremo. En este contexto, el discurso pronunciado por Jameneí el pasado mes de octubre en la provincia de Kermanshah se llena de significado: ante miles de seguidores, advirtió que, pese a que el actual sistema presidencial le parecía un método “bueno y efectivo”, existía la posibilidad que “si un día, probablemente en el futuro lejano, se percibe que el sistema parlamentario es más apropiado para la elección de responsables con poder ejecutivo, no habrá problema para trocar la actual estructura”.

Expertos internacionales y analistas internos coinciden en opinar que el grado de animadversión al que ha llegado el enfrentamiento ha cercenado las aspiraciones de Ahmadineyad y su círculo de cara a las cruciales elecciones parlamentarias de 2012. El presidente, que hizo de la honestidad su bandera durante la campaña del 2009, se ha visto, además, salpicado en los últimos meses por varios escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos de sus escuderos, como el vicepresidente primero, Mohamad Reza Rahimi o su jefe de Gabinete, Esfandiar Rahim Mashaí. Ambos han sido acusados. igualmente, de “desviacionistas” por la casta religiosa, que teme que el presidente y sus aliados tratan de socavar la preeminencia de los clérigos en la política a través del fomento del nacionalismo pre-islámico. Los analistas apuntan que estos escándalos no habrían podido salir a la luz sin el beneplácito del líder. “Ahmadineyad y su círculo están decidido a ganar las próximas elecciones, mientras que quienes están a lado de Jamenei tratan de evitarlo. Esa es la principal razón por la que el escándalo ha sido hecho público”, explicaba días atrás a la agencia Reuters un experto local identificado como Sabre Lavasani. “Tal como está la economía del país, quién va a votar a aquellos que están ligados al escándalo”, se preguntaba.

El plan para la supresión de los subsidios, unido a las sanciones internacionales y al declive de las obsoletas infraestructuras petroleras -que cada vez encarecen más la extracción del oro negro- han debilitado en los últimos años la ya de por sí endeble economía iraní. “La línea roja para el líder supremo es la economía… cuanto mayor sea la presión económica sobre la población, menor será el apoyo al régimen. Y su objetivo es preservarlo”, razona, por su parte, el analista Farid Farahsavi. Para este profesor universitario, todo se enmarca en una ardua partida de ajedrez que tiene como horizonte las elecciones presidenciales de 2003. “Es como un dominó… la victoria en las parlamentarias allanará el camino hacia la presidencia”, coincide un miembro de la oposición política en el exilio.

De acuerdo con la Constitución, Ahmadineyad no puede optar a un tercer mandato. Durante años se ha barajado la posibilidad de que pudiera ser sucedido por el propio Mashai, una opción que cada vez se antoja más ontana. Otros nombres, como los conservadores Mohamad Bagher Qalibaf, actual alcalde de Teherán y ex alto mando de la Guardia Revolucionaria, y Ali Lariyaní, hombre muy cercano al líder y hermano del ayatolá Sadeq Lariyaní, jefe del Poder Judicial, que también ha criticado con dureza la corrupción, suenan igualmente como posibles aspirantes, ya que tienen tras de sí importantes familias políticas. Sin embargo, en los últimos meses se ha abierto una tercera y inesperada vía: la del actual ministro de Asuntos Exteriores, Alí Akbar Salehí. Doctor en ingeniería nuclear, Salehí ha pasado la mayor parte de su vida alejado del viciado aires de la política iraní. Jefe del programa nuclear durante la presidencia tanto del reformista Jatamí como del propio Ahmadineyad, disfruta de una buena imagen internacional, tanto en Oriente como en Occidente, forjada durante sus años al frente de la Agencia iraní de la Energía Atómica y de la vicesecretaria general de la Organización para la Cooperación Islámica. Con fama de conciliador y eficaz, podría ser la opción elegida por el líder para atajar la rivalidad y neutralizar las ambiciones de las familias conservadoras. “Las tensiones entre las facciones en la República Islámica aún son grandes, pero los responsables conservadores claves ya han aceptado el papel central del líder supremo. A medio y corto plazo, todo apunta a que la política interna iraní mantendrá su status quo”, augura Reza Marashi, director de investigaciones en el Consejo Nacional iranio-estadounidense. FIN

Turquía, Arabia Saudí y la encrucijada siria

Aquellos que empezamos en el periodismo cuando los ordenadores eran aún un trebejo insólito, conservamos un arcaico archivo de viejas hojas de papel de periódico amarillento -proverbial y magnífico es que el guarda el maestro Tomás Alcoverro en su acogedora casa de Beirut. Cuando razones tan prosaicas como una capa de polvo que indigna a nuestras parejas, la falta de espacio o una mudanza no deseada nos compelen a revisarlo, el azar -o el destino- suelen depararnos gratas sorpresas. Revolviendo esta semana en el mío, hallé un largo análisis de Robert Fisk sobre el futuro de Oriente Medio, publicado por el suplemento del domingo de el diario español El País el 17 de octubre de 1999. Titulado “Los nuevos líderes árabes”, teorizaba sobre como las repúblicas árabes -Egipto, Siria, Libia, Irak- estaban abocadas a la sucesión dinástica, con el beneplácito cómplice de Occidente.

La atmósfera de la región en aquellos días finiseculares contribuía a sustentar la teoría, ahora fallida. En 1999, tres históricos reyes habían cruzado la laguna Estigia y cedido el cetro a sus vástagos. En Marruecos, Hasan II había dejado el trono atado a los pies de su primogénito, coronado como Mohamad VI. Otro tanto había ocurrido en Jordania, donde el pro occidental Husein había sido sucedido por su atildado hijo Abdula II y su moderna nuera Rania. Mientras que en la pequeña isla de Bahrein, Hamad Bin Isa al-Jalifa reemplazaba sin contratiempos a su fallecido padre, el emir Isa bin Salman al-Jalifa.

Sostenido en el axioma “el mundo árabe puede haber aceptado el mundo moderno (…) y la idea de paz en Oriente Próximo. Pero la familia es la que manda”, el aplaudido corresponsal británico aventuraba que otros cuatro retoños -casi todos de muy mala reputación- sustituirían a sus ancianos progenitores cuando estos fallecieran, pese a que habían crecido en sistemas republicanos, algunos con aparente ropaje de democracia. En Irak, sería Udai Husein; en Egipto, Alaa Mubarak; en Libia, Al-Saadi al-Gaddafi; y en Siria, Bachar al-Asad, escribía. “Pero la verdad -argumentaba Fisk- es que lo que queremos en Occidente es que esos países se gobiernen por sucesión. Al fin y al cabo ¿no fueron el Reino Unido y Francia los responsables de la creación de casi todas esas naciones? (…) Y les colocamos unos cuantos reyes. Apoyamos a Faruk en Egipto, a Idris en Libia, a Abdalá en Jordania y a Feisal en Irak. Y cuando los pueblos árabes se cansaron de sus reyes, les dimos generales para reemplazarlos. No es casualidad que el coronel Nasser, el general Sadam Husein, el general de las Fuerzas Aéreas Mubarak y el coronel Gaddafi haya llevado siempre uniformes idénticos -salvo por las águilas de gobierno en las gorras- a los del ejército británico. Y les estuvimos apoyando (…) Por supuesto, cuando nuestros hombres se rebelan, los bombardeamos. Cuando Nasser nacionalizó el canal de Suez, Francia y el Reino Unido se pusieron de acuerdo con Israel para librar una guerra con Egipto. Cuando Gaddafi decidió hacer estallar un avión de pasajeros, le bombardeamos (y le matamos a una hija adoptiva). Cuando Sadam invadió el país que no debía (Kuwait), también se le bombardeó. Pero después, perdonamos a nuestros presidentes”. Y Fisk concluía: “El único resultado que no queremos ver en el mundo árabe es, desde luego, una verdadera democracia. Lo último que desean Washington y Europa es una serie de estados árabes que se nieguen a obedecer nuestra política. Por eso preferimos en Oriente Próximo la estabilidad a la democracia, hombres capaces de controlar a su pueblo por encima de los derechos humanos y la libertad de expresión. Y estamos más que satisfechos de permitir que los hijos, los primos y hermanos de los reyes y presidentes sucedan a sus mayores: incluso les ayudamos a esa sucesión si es necesario…”.

Trece años después, solo uno de aquellos delfines ha alcanzado el poder. Udai fue asesinado a balazos, junto a su hermano menor Qusai, tras la orgía de sangre y venganza que se desató en Irak una vez que su padre fue derrocado en 2003 por las tropas anglo-estadounidenses. A Alaa Mubarak, sus sucios negocios y su vida disipada le apartaron pronto del camino de la presidencia. Su padre prefirió a su hijo menor, Gamal, en apariencia más culto y moderado. Sin embargo, ni el Ejército ni el pueblo le dieron nunca opción. El alzamiento popular de enero de este año ha llevado a toda la familia a la cárcel. En Libia, es Saif al-Islam, otro de los nueve hijos de Gaddafi, quien parece haber asumido las riendas junto a su rebelde padre para hacer frente a la equivocada y costosa -en tiempo de crisis- guerra emprendida por EEUU y la OTAN. Solo Bachar al-Asad mantiene a duras penas el poder en Siria, zarandeado por la misma oleada de frustración popular que ha acabado con los sueños dinásticos de los Mubarak en Egipto y ha diseñado un nuevo tablero político en Oriente Medio.

En esta atmósfera de cambio histórico en la zona, el discurso pronunciado este lunes por el presidente sirio suena a canto del cisne de un régimen exhausto, víctima de sus errores, sus egos incontrolados y sus rencillas familiares. Cuando hace dos meses la mecha de las protestas populares en Egipto y Túnez prendió ligeramente en Damasco, pocos se aventuraron a pronosticar la caída de sistema que parecía sólido. Asido a una coherente política externa, cimentada en un nacionalismo orgulloso y beligerante, y un férreo sistema de seguridad, el mandatario había conseguido en los últimos años trocar ciertos resortes del envenenado régimen que heredó de su padre, y recluir en un rincón a algunos de los anquilosados y avariciosos dinosaurios que rodearon al viejo León de Damasco, reticentes a desprenderse de un entramado del que se lucraban desde hacía años. Las reformas económicas -aunque débiles y lentas- habían introducido un pequeño halo de esperanza en el país y comenzado a dibujar los pilares que harían olvidar treinta años de crudo socialismo. La principal crítica al mandatario era la lentitud y lasitud de las transformaciones y su falta de valentía para suprimir abusos, vicios y personajes y lazos del pasado.

Esas eran también las reivindicaciones principales de aquellos que salieron a las calles de la capital a mediados de marzo; valentía, velocidad y determinación en el proceso de reforma. Nerviosa quizá por lo sucedido en Egipto, la familia Al-Asad/Makhloufs cometió entonces el primero de una larga sucesión de errores en cadena que le han colocado al borde de la sima. La extrema violencia empleada en la represión despertó en la población los fantasmas del pasado, aventó sus miedos, espoleó su determinación y cohesionó las distintas ambiciones de la oposición. Las historias de mujeres niños torturados, los asesinatos a sangre fría subidos a la red, terminaron por alejar al pueblo del presidente, quien se quedó solo, rodeado únicamente por una familia ambiciosa y despiadada, y protegido (o ¿sometido?) por la Guardia Revolucionaria, cuerpo de elite en manos de su cruel hermano Maher al-Asad, señalado como el ejecutor de la brutal represión.

A Maher los expertos también le atribuyen la responsabilidad del segundo error grave del régimen, que con su decisión de arrasar la aldea fronteriza de Jisr al-Shughour le hizo perder el único aliado fiable frente a Occidente que le restaba en la región: Turquía.

Los lazos entre ambos países, históricamente complejos, habían dado un vuelco espectacular en el arranque del siglo XXI, coincidiendo con la llegada al poder del joven al Asad y el inicio de la política de “fronteras tranquilas” emprendida por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del primer ministro turco Recep Tayeb Erdogan. Atrás quedaron los oscuros tiempos en los que Ankara había llegado incluso a amenazar con desatar hostilidades si el régimen sirio no ponía fin a la actividad en su territorio nacional del independentista Partido de los Trabajadores del Kurdistán, liderado por Abdalah Ocälan. Las fronteras se abrieron al comercio y Turquía devino en el principal socio político y económico de Siria, aparte de Irán. La cooperación estatal arraigó y el ministro turco de Asuntos Exteriores, Ahmat Davutoglu, comenzó a ser visitante frecuente en Damasco.

Firme en sus aspiraciones de convertir a Turquía en una potencia regional, y temeroso de una revuelta de negativas consecuencias en su frontera de sur, Erdogan despachó al propio Dovatuglu y al jefe de los servicios secretos a Damasco nada más estallar las protestas para tratar de convencer a Al-Asad de la necesidad de acelerar las reformas y evitar así una espiral de sangre y violencia. Incluso le instó a que se desprendiera de su hermano, Maher, al que tildó de “salvaje”. Desde entonces, y hasta los cruentos sucesos de Jisr al-Shughour, Ankara trabajó entre bambalinas -y con el apoyo tácito de Estados Unidos- para hallar una solución rápida e indolora. Sin embargo, el asalto a fuego de la citada población y la salida de miles de refugiados, muchos de ellos llegados con historias de horror que han salpicado la prensa turca, han sumado presión a Erdogan, que se ha visto impelido a cambiar el discurso.

En lontananza se atisban escasas soluciones. Para aquellos que permanecen en las calles no hay vuelta atrás. Aventado el temor a una guerra civil, ahora exigen la purga definitiva del régimen y están determinados a lograrlo: en uno de sus últimos comunicados, los denominados comités de coordinación han exigido la inmediata dimisión del presidente y la creación de un consejo de transición formado por civiles y militares que pilote un acelerado tránsito a la democracia plena. Su objetivo, aseguran, es que “×em×la nueva Siria sea una república y un estado civil que pertenezca a todo el pueblo, y que no sea el coto privado de familia, individuo o partido alguno×/em×”. Un país de igualdades “que no se herede de padres a hijos”.

Analistas y escritores como Robin Yassin-Kassab, autor del reconocido libro “The road from Damascus” sugieren la posibilidad de una intervención militar turca en la castigada franja norte, que daría un espacio de libertad y maniobra a la oposición similar a la que los rebeldes libios disfrutan en Bengazi. Sin embargo, parece poco probable que Ankara se embarre en una operación de riesgo descontrolado. En opinión de analistas turcos, Erdogan ha llegado a la conclusión de que el régimen sirio se tambalea, y con él los lazos comerciales entre los dos países; por ello ha decidido abandonar la línea de contención y dar un paso adelante que garantice a su país un papel relevante en el futuro sirio y le permita recomponer los réditos comerciales. Consciente que las revueltas en la zona favorecen su estatus de potencia regional, el primer ministro turco juega desde hace unas semana sus bazas en la arena internacional para asegurarse influencia en una eventual Siria sin la familia Al-Asad, al mismo nivel que Washington, Londres, Moscú, París o Pekín. Una estrategia que también agrada en la Casa Blanca, que mantiene una estrecha colaboración con Ankara en la búsqueda de alternativas. La Administración estadounidense parece entender que por posición geográfica, cultura, religión y vínculos históricos, Turquía es su mejor amigo en la zona, mientras que el Gobierno turco se ha dado cuenta de que es un problema demasiado complicado como para lidiarlo solo. El objetivo sería promover un régimen moderadamente islámico y parcialmente democrático, inscrito en el liberalismo social y económico, que ceda en conflictos regionales como la reclamación de los altos del Golán y la defensa de Palestina, y rompa con Teherán. Quién sería su cabeza visible es una incógnita aún por despejar. Analistas turcos sugieren que al primer ministro le seduce la idea de un gobierno liderado por una rama moderada de los Hermanos Musulmanes, que emprendiera una programa similar a su alabada democracia-islámica.

Existe otra duda más, igualmente crucial: ¿Qué ocurrirá con Irán, aliado incondicional de Damasco y estado con el que Turquía también tiene unas importantes y estratégicas relaciones comerciales y políticas? El periodista turco Nihat Ali Özcan recordaba esta semana en el diario Hurriyet que tras la invasión estadounidense de Irak, Oriente Medio se polarizó en dos bloque antagónicos: uno formado por los estados suníes -Egipto, Pakistán, Arabia Saudí- y por otro el eje chií, liderado por Irán e integrado por Siria, Irak, con el grupo chiíta libanés Hizbulá como principal apoyo. Situada en dos aguas, Turquía optó por buscar un equilibrio que le permitiera tener buenas -y rentables- relaciones con ambos. “La llegada al poder de unos democratizados Hermanos Musulmanes con el apoyo mediático y psicológico de Occidente podría significas que Siria dejara definitivamente de pertenecer al bloque chií. Perder un aliado como Siria haría que Irán perdiera una importante espacio geopolítico (…) Ante estas circunstancias, Turquía debería abandonar la política de equilibrio y asumir su papel como nuevo miembro del bloque suní. No sería una sorpresa que la relación entre Turquía e Irán adquiera una nueva forma en el futuro”, afirma.

Con menos probabilidades éxito -a priori- se presenta la denominada “opción saudí”. Apoyada en su aparente calma interna y su inmenso poder petrolero, Riad también aspira a salir reforzada de la crisis como potencia en la zona. Implicada desde hace años en una guerra fría con Irán, uno de cuyos campos de batalla es el Líbano, Arabia Saudí podría comprar con sus petrodólares a la vasta casta comerciante suní, como ya ha hecho en Beirut. Y con el mismo arma y su islamismo retrógrado, tratar de ganar también la confianza de los Hermanos Musulmanes sirios más conservadores. En su contra juegan las excelentes relaciones que la familia real saudí mantiene con un viejo dragón del régimen, que cultiva sus ambiciones y sed de venganza en un exilio dorado en Londres: Rifat al-Asad, hermano del fallecido León de Damasco y tío de Bachar. Conocido como el carnicero de Hama -por su papel en la represión y asesinato de miles de opositores al régimen en esta población en 1982, en su mayoría seguidores de la Hermandad- fue vicepresidente del país hasta finales de los noventa, y aún alberga la ambición de gobernar el país. Aunque en las última semanas ha moderado su discurso y hecho guiños a la comunidad internacional, tiene mínimas opciones. El pueblo sirio ya ha gritado: “no más pasado, no más dinastías”· FIN

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Mercado persa

Ufano y en apariencia tranquilo, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, convocó la semana pasada a los escasos periodistas extranjeros que quedamos en Irán para hacer balance en el ecuador de su segunda legislatura. Asido a su proverbial optimismo, el mandatario empleó los primeros cinco minutos en desgranar una serie de cifras que envolvieron en una aura de éxito su controvertida política de reforma económica, criticada sin embargo por todo el arco de la ecléctica oposición. Según el mandatario, sus medidas lograrán este año crear más de dos millones y medio de puestos de trabajo, han mantenido la inflación estable a pesar del alza de los precios por el fin de los subsidios, y han espoleado la industria, pese al espectacular incremento de gastos como la electricidad y la gasolina. Un prodigio de gestión para un proyecto con el que dice que pretende colocar a Irán a la cabeza de los países del mundo, sanciones internacionales aparte.

Las cifras y el esplendoroso panorama recreado por Ahmadineyad colisiona con la opinión de analistas independientes, tanto iraníes como extranjeros, y con la realidad en la calle, donde se percibe un evidente deterioro del poder adquisitivo de la población. Artículos como el pan han duplicado sus precio en los últimos meses y el de la gasolina se ha multiplicado por siete desde que el pasado noviembre entrara en vigor el contestado plan para la supresión de los tradicionales subsidios, sin que los salarios hayan subido en la misma proporción. Diversas empresas se han visto obligadas a interrumpir su actividad y numerosas tiendas a cerrar sus puertas en diferentes centros comerciales de la capital, incapaces de hacer frente a la subida de los gastos comunitarios. Igualmente ocurre en muchos edificios, donde los vecinos se niegan a pagar los recibos de la luz y el gas. “Numerosas piscinas quedarán vacías este año debido al alto coste de mantenerlas”, explica una conocida agente inmobiliaria que por cuestiones de seguridad declina ser identificada.

Ante la escasez de cifras económicas oficiales, resulta complicado hacer un análisis preciso de la situación del país. Los expertos admiten que la reforma ha logrado aspectos positivos, como un consumo más racional en un pueblo acostumbrado al despilfarro. Los subsidios fueron implantados tras la revolución de 1979, una vez que el inspirador y fundador de la República Islámica, ayatolá Rujolá Jomeini, declaró que las riquezas nacionales pertenecían al pueblo. Aunque otros responsables ya habían advertido años atrás que este sistema subsidiado era insostenible, es cierto que ninguno se atrevió a acometer una transformación tan impopular. Solo Ahmadineyad ha asumido un riesgo que se antojaba necesario. “El problema es que no se dan las condiciones necesarias ni tiene el equipo para ello”, explica un profesor iraní que tampoco desea ser identificado. Las sanciones internacionales, aunque no han desabastecido los mercados, sí han encarecido sus estanterías. El régimen debe gastar más dinero para mantener el clima de normalidad, y a los empresarios la importación de productos les resulta cada vez más compleja y onerosa. “El dinero no fluye, está estancado. Muchos han parado porque no pueden o porque esperan tiempos mejores”, explica con preocupación un tratante de alfombras en el Gran Bazar de Teherán. Además, la industria petrolera, verdadero sustento del régimen, atraviesa por una difícil coyuntura. Aunque el precio del crudo se ha disparado con la crisis mundial, lo obsoleto de muchas de las infraestructuras petroleras y gasísticas iraníes hace que el proceso de extracción perjudique la rentabilidad, al tiempo que el desarrollo y la financiación de nuevos proyectos afronta obstáculos, explica un alto ejecutivo de una compañía asiática. Las grandes multinacionales del sector han plegado velas debido a la presión estadounidense, y dejado el campo libre para empresas de China, la India y el sudeste asiático.

Algunas decisiones adoptadas en los últimos meses parecen sostener este análisis. La inflación, que el Gobierno sitúa en torno al 14 por ciento, ha comenzado a afectar al rial, que el Ejecutivo trata con mucho esfuerzo de mantener parejo al dólar. En estas circunstancias, el Banco Central iraní redujo en un diez por ciento, la semana pasada y sin previo aviso, la tasa de cambio con la divisa norteamericana. Una depreciación que ha acercado su valor al que los iraníes pagan por la compra de dólares, salvavidas de los inversores y ahorradores locales en tiempos de crisis. Analistas económicos han apuntado que con ello el Ejecutivo, intenta, igualmente, equilibrar un supuesto desajuste entre los ingresos y los gastos del Estado.

Junto a la ambiciosa reforma económica, Ahmadineyad ha emprendido, de la misma forma, una agenda de cambio político. Silenciada y reprimida tras los barrotes la oposición laica y reformista, el mandatario se ha enzarzado en un pulso con el Parlamento en busca de ampliar sus prerrogativas y escapar al control de la Cámara. La primera colisión se produjo a causa del citado plan de supresión de los subsidios, que Ahmadineyad ha sustituido por unas ayudas directas y en efectivo a la población que no han servido de momento para compensar el alza de los precios. Tras meses de tira y afloja, la Asamblea aprobó el programa, pero sólo una vez que intervino el líder supremo, ayatolá Alí Jameneí, que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado.

El Parlamento, liderado por Alí Lariyaní, antiguo jefe nuclear y hombre cercano a Jameneí, también ha puesto pegas a la iniciativa del presidente de fusionar varios ministerios y reducir así el número de carteras. En este terreno, Ahmadineyad ha sufrido una importante derrota: primero, ha sido obligado a renunciar al puesto de ministro interino de Petróleo, que se había auto adjudicado; después, el poderoso Consejo de Guardianes, segundo órgano de poder, ha calificado de ilegal su pretensión de unificar en una otras tres carteras.

En este enrarecido ambiente, las alarmas sobre la profundidad de la división que el régimen niega se dispararon el pasado 17 de abril, a causa de la supuesta dimisión del ministro de Inteligencia, Haydar Moslehí, quien al parecer mantiene una conflictiva relación con el jefe de la oficina presidencial y familia del mandatario, Rahim Esfandiar Mashaí. Apenas dos horas después de que su renuncia fuera anunciada por la prensa estatal, el propio Jameneí ordenó que el único clérigo que queda en el Ejecutivo fuera recolocado en su puesto.

Durante los siguientes nueve días, Ahmadineyad desapareció de la escena política y de la arena pública, que tanto le gusta cultivar. Evitó presidir dos consejos de ministros y no atendió a una serie de actos oficiales, en una actitud que la prensa local entendió como un boicot. Según la página web opositora Ayandé, la disputa se resolvió después de que el líder amenazara al presidente, información que ha sido negada por personas próximas al mandatario.

Analistas en la región coinciden en apuntar que el incidente ha minado las relaciones entre Ahmadineyad y el guía supremo, quien en 2009 apoyó sin fisuras su reelección pese a las protestas populares y las insistentes denuncias de fraude por parte de la oposición considerada reformista.

En el centro de la polémica se halla, igualmente, el citado Mashaí, a quien conservadores laicos y religiosos acusan de ser demasiado liberal y nacionalista. Algunos, incluso, han llegado a insinuar que personas cercanas a él han hechizado al presidente, que necesita ser exorcizado. Semanas atrás, la prensa estatal informó de la detención de varios hombres acusados de hechicería.

Pese a las críticas, los embates y la pérdida paulatina de popularidad, Ahmadineyad parece firme en su propósito de llevar a cabo la que considera mayor reforma de Irán. “El trabajo es inmenso, el objetivo es cambiar los hábitos, cambiar la forma en la que la población mira a la economía”, aseguró el mandatario durante la rueda de prensa. “Es un proceso irreversible. Hay enemigos, son pocos pero existe mucha animadversión. Hace tiempo que se debía haber hecho, pero tenían miedo a las consecuencias. Pensaban solo en votos”, agregó Ahmadineyad, que arremetió con dureza contra la gestión de sus predecesores. “Lo que siempre he dicho es que no apruebo las ideas de mis antecesores, y sus críticas no me afectan. Sigo mi camino, ya que cuento con el voto y la bendición del pueblo. No estoy de acuerdo con la forma en la que se ha gestionado la política de este país, y mis políticas suponen un giro de 180 grados”, apostilló.

A su vera, mantiene firme el apoyo rural y provincial, además del respaldo de los mandos medios de la Guardia Revolucinaria, bastión ideológico del régimen, que según la prensa opositora se lucran de su programa de privatizaciones, y de grupos Basij. Enfrente, sectores laicos conservadores, altos mandos del citado cuerpo de elite fundado por Jameneí y los clérigos de mayor jerarquía miran con suspicacia sus ambiciones, que en opinión de algunos amenazan los pilares del sistema teocrático. Varios miembros de la casta clerical, temerosos de perder sus prerrogativas, le han advertido públicamente de que no debe sobreestimar su poder. Otros le han recordado el destino del otro presidente laico, Abul Hasan Bani Sadr, a quien en 1980 Jomeini obligó a dimitir.

Ladino en los entresijos de la política, Ahmadineyad ha respondido a quienes le piden que se defienda con una frase enigmática: “el silencio genera unidad”. Sabe que en los próximos meses le esperan varias pruebas. En marzo del 2012, el país celebra elecciones al Parlamento, institución a la que ha combatido en los últimos meses, y que es uno de los cimientos en los que se asienta la República Islámica. Una cámara a su favor facilitaría su camino de reformas. Una combativa, como la actual, podría agitar aún más sus dos últimos años de mandato. “La clave está en la apuesta económica. Si la economía mejora, se allanará el resto de la senda”, concluye un diplomático europeo que tampoco quiere ser identificado. FIN

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El triángulo chií…

Escasos días después de que los movimientos de protesta populares prendieran en Túnez y Egipto, el régimen iraní se apresuró a brindar su apoyo a unas revueltas similares a las que reprimió con violencia a lo largo de 2009, pero que en este caso definió como una “oleada de despertar islámico” parecida a la algarada que en 1979 derrocó al último Sha de Persia, instauró la República Islámica y trocó substancialmente el devenir de Oriente Medio. Ilusionadas con la perspectiva de que supusieran, asimismo, un menoscabo de la influencia de Estados Unidos y Europa en la región, las autoridades iraníes acuñaron una idea que semanas más tarde repetirían -con otros matices- líderes islamistas raciales suníes como el jeque yemení Anwar al-Awlaki, considerado uno de los herederos del desparecido Osama bin Laden. “Sea cual sea el resultado, nuestros hermanos de Túnez, Egipto, Libia y otros países musulmanes volverán a respirar tras tres décadas de asfixia”.

Detrás de ese afán por dotar a las revueltas de un barniz religioso, la teocracia iraní esconde un temor oculto y un anhelo añejo. Miedo a que un alzamiento laico y popular árabe -fruto del hartazgo, las desigualdades sociales y económicas y la ausencia de libertades- se instale como modelo y contagie a la joven sociedad persa, aquejada de las mismas lacras y similares esperanzas. Y la ambición de plasmar, por fin, una de las políticas en las que más dinero y esfuerzo ha invertido -sin aparente éxito- desde que los clérigos se alzaran con el poder: exportar la revolución islámica y construir un triángulo chií en la región, cuyos vértices fueran el propio Irán, el Líbano de Hizbulá con el apoyo de Siria y las comunidades chiíes de la península Arábiga, con Bahrein a la cabeza. Un amplio área de influencia para los seguidores de Alí, que controlarían el negocio del petróleo en la región y serviría para arrinconar a sus tres grandes enemigos: Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí.

Teherán observa ahora con aprensión las revueltas en Siria, su único aliado árabe en la zona y bastión del ángulo más occidental de ese triángulo imaginario. En 1982, al abrigo de la invasión israelí del sur del Líbano, la Guardia Revolucionaria, cuerpo de elite y vanguardia ideológica del estrenado régimen iraní, completó su desembarco en este último país, envuelto en una cruenta guerra civil. En apenas tres años, había sido capaz de unificar bajo un mando único a los diversos grupos terroristas chiítas que actuaban en el confuso conflicto fratricida y forjar una organización, bautizada como Hizbulá, que tres décadas más tarde se convertiría en la fuerza más influyente y poderosa del complejo tablero libanés. El vertiginoso acceso del Partido de Dios puso en jaque la ascendencia de Siria en el Líbano y la joven alianza entre Teherán y Damasco para aislar a Sadam Husein. La guerra en 1988 entre Hizbulá y Amal concluyó con la victoria de la milicia pro siria. Desde entonces ambos países han mantenido una relación sólida y estable. A través de territorio sirio, Teherán proporcionó a Hizbulá armamento y recursos varios para su lucha contra la ilegal ocupación israelí. Por la misma vía, Irán logró extender sus tentáculos hacia el conflicto palestino. En Damasco vive refugiado, desde hace años, Jaled Mishal, jefe de la oficina política del movimiento Hamas y asiduo visitante de la capital iraní.

La eventual caída del gobierno de la familia Al Asad sería, por tanto, un duro golpe para la política regional de la República Islámica. Debilitaría los lazos con las facciones radicales palestinas y dificultaría la alianza con Hizbulá. Un reciente informe de la ONU acusa a Teherán de armar a las fuerzas represoras sirias. La oposición iraní denuncia, además, que exporta desde los métodos empleados en la represión de la manifestaciones postelectorales de 2009 hasta las políticas de estrategia comunicativa. Frente al apoyo a los alzamientos en Egipto, Túnez y por supuesto, Bahrein, el régimen iraní eligió primero el silencio sobre Siria. Después, calificó las protestas de “problema interno”. De la misma forma, el régimen alawí han intentado, en primer lugar, presentar la revuelta como la acción aislada de grupos terroristas dispersos y más tarde como una conspiración urdida desde el exterior para derrocar el régimen. Han apostado por la brutalidad, impuesto la censura y se afanan en borrar cualquier testigo.

La posición iraní frente a las protestas en Bahrein es diametralmente opuesta. Desde que el pasado febrero decenas de miles de personas -en su mayoría chiíes- tomaran la plaza central de Manama, el régimen de Teherán se ha convertido en el principal azote de la monarquía bahrainí, a la que acusa de perpetrar una matanza con tintes de vendetta sectaria. Irán mantuvo una estrecha relación con este estratégico enclave desde los tiempos de la dinastía aqueménida hasta que en el siglo XVIII, tribus procedentes del corazón de la actual Arabia Saudí con la familia Al Jalifa a la cabeza se hicieron con el control de este pedazo de costa y sometieron a las poblaciones chiíes. Más tarde, el colonialismo británico favoreció que esas comunidades quedaran divididas entre Arabia Saudí, Kuwait, y la aparición de un estado independiente llamado Bahrein. Aún así, Teherán jamás renunció a un territorio que en la segunda mitad del pasado siglo declaró como una de sus provincias históricas. Como en esta ocasión, el triunfo de la revolución de 1979 azuzó las ansias libertarias de la mayoritaria población chií bahreiní, pero también contribuyó a alejarle de la órbita de la República Islámica: al igual que ciertos grupos en Irak y en el propio el Líbano, la mayor parte de los seguidores de Alí en Bahrein se oponen a la teoría de la Velayat-e Fiqh (gobierno de los clérigos) que estableció el ayatolá Rujolá Jomeini.

Los alzados no buscan establecer una estado teocrático satélite de Irán. Su revuelta parece una genuina lucha contra la discriminación, en favor de los derechos y mejores condiciones políticas, económicas y sociales. Muchos en Teherán son conscientes de ello. Pero apuestan con un estatus similar al que vive Irak, donde coexisten con cierta sintonía las diferentes corrientes chiíes, favorables a la teoría de la Velayat-e Faqih, o contrarias, pro iraníes y no pro iraníes. En lontananza, Irán atisba un vecino sin el poder de la familia Al Jalifa y la influencia de Arabia Saudí, que fuerce la salida de la V Flota estadounidense desplegada en el Golfo y deje a la República Islámica -y a los chiíes- el camino expedito para el control de la vía por la que fluye, cada año, una quinta parte del tránsito de crudo del mundo. Igual que un Egipto sin Hosni Mubarak, con el que ahora tratan de forjar una alianza estratégica, les ha permitido cruzar el canal de Suez, navegar frente a las narices de Israel y asistir a la agitada Siria.

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Nueve meses después de Tahrir

Desde que en el verano de 1952, un grupo de oficiales liderados por el coronel Gamal Abdel Naser derrocara la exangüe y anquilosada monarquía parlamentaria encabezada por el rey Faruk I, dos fuerzas han dominado la escena política, social y económica de Egipto: la oligarquía castrense, que desde entonces ha ejercido el poder absoluto, y los Hermanos Musulmanes, el grupo que más ha influido en el desarrollo de las ideologías islamistas –moderadas y radicales- en el amplio tablero del Islam. Aliados tácitos de los militares en aquel golpe de Estado que tuvo como consecuencia colateral el hundimiento de las fuerzas laicas -y que supuso al mismo tiempo una estacada mortal al sistema democrático egipcio-, su anuencia con el Ejército apenas duró dos años, tiempo suficiente para que el nuevo régimen percibiera con claridad que toda su actividad giraba en torno a un único y diáfano fin: islamizar la sociedad y acaparar el poder político. En 1954, Abdel Naser –ahíto de las presiones- ilegalizó la cofradía y perpetuó con ello una relación de amor-odio nacida en la década de los años cuarenta, en vida del propio fundador de la hermandad, Hasan al-Banna. Durante los diez años siguientes, los islamistas fueron perseguidos con saña y Egipto quedó en manos del Ejército, abocado a la ensoñación panarabista-socialista alumbrada por su nuevo faraón.

Desvanecida ésta –en gran parte a causa de la derrota de los ejércitos árabes a manos de Israel en la denominada Guerra de los Seis Días-, su sucesor y delfín, Anwar Sadat, no recurrió a los todavía vivos partidos laicos para reconstruir el sistema, si no que optó por rebuscar en las cárceles y regenerar a los islamistas, a los que creía poder controlar. Convencido de esta estrategia, apostó por permitir cierta islamización de la sociedad al tiempo que trataba de transformar la economía para pasar de un sistema de raíz socialista a otro más liberal, próximo a las ambiciones de Estados Unidos. Su plan fracasó. El país no solo no repuntó, si no que los radicales islámicos –que hallaron espacio para resurgir en sus controvertidas políticas y sus excesos narcisistas- acabaron asesinándolo.

Escarmentado, su sucesor, el coronel Hosni Mubarak, prefirió cerrar el puño sobre la cofradía y emprender el camino hacia un sistema presidencialista sostenido en un partido único. Mantuvo el reparto de poder económico y político entre los militares, a los que ubicó al frente de las diferentes provincias y a los que entregó la gestión de los cerca de tres mil millones de dólares de ayuda bélica que Washington concedió a Egipto en recompensa por la firma, en 1979, del histórico tratado de paz con Israel. En política exterior, Mubarak devino en el mejor aliado de la Casa Blanca en la región –con permiso de Arabia Saudí-, y en sustituto de Irán como el guardián de la zona, asido a aquella máxima atribuida al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger: en Oriente Medio, “no hay guerra sin Egipto ni paz sin Siria”. Una coyuntura externa que durante años le permitió implantar -con el silencio tácito de sus aliados- una férrea dictadura. Años después, y con objeto de edulcorarla para hacerla más digerible a Occidente, edificó una suerte de sistema parlamentario a medida de su partido, el NPD, en el que dio cabida a las tradicionales formaciones laicas. Pero ni al Wafd (en el poder durante la monarquía), ni a otras organizaciones, como la efímera y caleidoscópica plataforma opositora “Kifaya” -germen de las protestas de Tahrir-, se le permitió nunca concitar apoyo popular ni desarrollar fuerza suficiente como para que el laicismo se pudiera desprender de su papel de comparsa y erigirse en una posible alternativa a la tiranía. Solo los Hermanos Musulmanes, a partir del año 2000 y a través de su actividad social, crecieron clandestinamente como fuerza de oposición efectiva. Recuperados de los años de persecución y terrorismo -que ejercieron en la década de los noventa organizaciones extremistas salidas de su seno como la “Yihad Islamiya”-, aprovecharon un resquicio en el sistema para infiltrarse en la partida política: la antigua constitución nacional cedía un tercio de los escaños parlamentarios a candidatos independientes. Dominadores de las organizaciones sindicales, entraron con facilidad en la Cámara, donde hubieran copado todos esos asientos si las elecciones hubieran sido libres. Mubarak –enzarzado desde 2005 en una dura batalla con el resto de la cúpula militar a causa de la sucesión- tampoco lo permitió y con ello contribuyó a ensanchar una de las muchas grietas que al final desembocarían en las protestas de la plaza de Tahrir y en el desplome de su régimen, corrupto y odiado tanto por laicos como por religiosos.

UN FUTURO INCIERTO

Nueve meses después de aquel alzamiento que asombró al mundo, la oligarquía castrense y los Hermanos Musulmanes son aún los principales dominadores del entramado político, social y económico de Egipto. A su vera, la llamada “Revolución de Tahrir” ha alumbrado otros tres actores que luchan ahora por revertir una coyuntura nacional que se ha mantenido casi intacta durante los últimos sesenta años: los numerosos y diversos partidos políticos laicos, que buscan reverdecer vetustos laureles en el actual ambiente de pretendida libertad y que parecen abocados a buscar puntos de acuerdo y a formar alianzas si quieren otear un futuro; los antiguos miembros del desmantelado NDP, que tratan de disfrazarse de demócratas para no perder sus privilegios; y los jóvenes de todas las tendencias, que espolearon las protestas y ahora se afanan para que aquel desafío no se esfume a manos de aquellos que pretenden instrumentalizarlo para aferrarse y repartirse el poder.

Las formaciones políticas –tanto los tradicionales como el medio centenar que han emergido en los últimos meses- parten con una clara desventaja. Heterogéneas, dispares y en muchos casos noveles, la mayoría carecen de una estructura organizativa que les permita recabar apoyos populares y desarrollar un programa sólido que sirva de alternativa de gobierno. Excepto el partido de la Justicia y la Libertad –salido de la rama más joven y crítica de los Hermanos Musulmanes- el resto fluctúan entre el centrismo y el izquierdismo –en su acepción europea-, con la etiqueta de liberales y en muchos casos laicos, pero sin un programa concreto. Las diferencias son mínimas y las ideologías entremezcladas. Con el ánimo de granjearse el respaldo de una sociedad ebria de libertades pero novata en cuestiones de democracia, los grupos islamistas moderados adoptan etiquetas progresistas mientras que muchos de los llamados liberales no tienen empacho en aceptar que el Islam –y sus leyes- deben ser la religión del Estado. A la ecléctica diversidad se une la inmadurez electoral de una sociedad asfixiada económicamente, y ávida por ello de cambios. Durante los últimos treinta años, los egipcios se han visto obligados a elegir entre el caciquil NPD, los desacreditados partidos laicos, y los Hermanos Musulmanes, que concurrían a los comicios –habitualmente amañados- camuflados como independientes, en un proceso carente, asimismo, de derechos fundamentales y sin sufragio universal. En los días previos a la votación, la Policía del régimen solía practicar decenas detenciones, e incluso impedía físicamente a los opositores acercarse a las urnas. A aquellas sólo podían acudir aquellos que previamente hubieran conseguido un carné electoral, trámite que la faraónica burocracia egipcia podía complicar infinito si el futuro votante no era afín al partido de Mubarak. Todo ello hacía que, pese a las ostentosas -y falsas- cifras oficiales, la involucración y la participación real de los egipcios en el proceso democrático fuesen mínimas: reducida a menos del 20 por ciento de la población, y casi restringida a los votantes movilizados por el NDP y por la cofradía musulmana.

En esta explosión de partidos, algunos han sido fundados, además, para servir, única y exclusivamente, a las aspiraciones de empresarios o de miembros del antiguo régimen, en busca de influencia e incluso inmunidad. Pese a que el NDP ha sido desbandado, la Junta Militar que rige el país no ha dado el paso definitivo para impedir que aquellos que medraron bajo el ala de la familia Mubarak puedan proseguir con su actividad política. Aunque la presión popular ha logrado que la autoridad de transición se avenga a iniciar el proceso, existen dudas razonables sobre cuando comenzará y hasta donde está dispuesta a llegar la cúpula castrense.

Estos recelos son, sobre todo, propiedad de las organizaciones juveniles que espolearon el alzamiento el pasado enero y tomaron la plaza de Tahrir durante dos semanas, con la anuencia de aquel sector de la oligarquía militar ahora en el poder y que desde mucho tiempo antes libraba un enconado pulso con Mubarak a causa de las ambiciones de éste de convertir su satrapía en hereditaria. Dueños aún de una gran capacidad de movilización y convocatoria, carecen también de un programa preciso de futuro común, y de ambiciones políticas y sociales compartidas. Aunque se han establecido como una fuerza tener en cuenta en el tablero nacional y mantienen el poder de la calle, existe incertidumbre sobre el grado de impacto que podrán tener a medida que avance la transición y el entusiasmo primigenio amaine.

La compleja ecuación revelará una de sus primeras incógnitas a partir del próximo 28 de noviembre, fecha en la que los egipcios están convocados a las urnas para elegir a la asamblea que redactará la nueva constitución y establecerá las nuevas bases políticas del país. Menos interesados en la presidencia, la oligarquía castrense y los Hermanos Musulmanes consideran esta cita clave. Los primeros ya han dejado pruebas de que su intención es que “todo cambie para que nada cambie”. Aunque insisten hasta la sociedad que su papel se limita a garantizar el proceso de transición hacia un gobierno civil, todo apunta a que no cederán el poder hasta al menos principios de 2013. El plan de tránsito diseñado es largo y se antoja proceloso: a la vista del calendario, parece que la nueva asamblea y el nuevo consejo de Shura (Senado) no quedarán constituidos hasta el primer trimestre de 2012. Después, ambas instituciones deben reunirse y emprender la redacción de la Carta Magna, que una vez consensuada, debe aprobarse en referéndum. Solo después, los egipcios elegirán a su nuevo presidente. En este “interim”, la cúpula militar gozará de la máxima capacidad de maniobra, con espacio para adoptar medidas unilaterales, como ocurrió el pasado verano, cuando introdujo enmiendas a diferentes leyes sin consultar a otras partes. Y tendrá tiempo suficiente para colocar sus “topos” y preparar -como algunos sectores temen- un candidato presidencial “civil” salido de la cúpula -se habla del propio mariscal Mohamad Husein Tantawi, presidente de la Junta Militar y eterno ministro de Defensa del régimen de Mubarak-, si lo cree necesario.

En la misma línea, los Hermanos Musulmanes confían en su experiencia, su amplia red social y su mejor vertebración, además de la vasta influencia cosechada en los años de la tiranía entre las clases medias urbanas y el entorno rural, para mantener su ventaja sobre los nuevos partidos y lograr así un número suficiente de escaños que le permita imponer algunas de sus ideas en la nueva constitución y vetar aquellas propuestas que consideren contrarias a los principios fundamentales del Islam. Escamada tras el cruento desenlace del alzamiento de 1952 y las ejecuciones sumarísimas de los años posteriores, la vieja guardia apuesta por la cautela, pese a la división interna. Y es que sus 83 años de vida, los Hermanos Musulmanes no han sido capaces de solventar su principal debate interno: ¿deben primero alcanzar el poder e islamizar después de la sociedad o viceversa? Parece que en esta ocasión se inclinan, de momento, por lograr influjo… si militares ¿y laicos? se lo permiten. FIN

Mubarak cayó ayer, su régimen…

Sentados en torno a una mesa en un recóndito callejón que en tiempos se conoció como “el de los españoles”, escondido en el corazón de El Cairo y a escasos cien metros de la ahora mítica plaza de Tahrir, tres jóvenes egipcios -Hasan, Tawfik y en ocasiones Omar- solían reunirse casi a diario para cenar “foul” (habas), fumar narguile, beber té, y sobre todo, hablar de política. Con los años, la edad y los ritos que exige el camino hacia la llamada madurez languidecieron una costumbre a la que tuve la suerte de ser invitado. Hasan, Tawfik y Omar se ven poco ahora. Sus obligaciones profesionales y familiares apenas se lo permiten. Pero al menos tratan de juntarse en el callejón un par de veces al año. La última fue durante la reciente fiesta musulmana del Aid al-Adha, que pone fin al mes islámico de la peregrinación, al calor del que es su rincón, y me enviaron un correo electrónico desde el café internet que ahora ocupa el local de la antigua barbería: “Aquí hay mucha confusión, demasiados partidos y demasiadas incógnitas. Casi nadie se fía de los planes del Ejército”.

Nueve meses después de la caída del presidente Hosni Mubarak, Egipto inicia este fin de semana un largo proceso electoral -que concluirá en marzo de 2012-, cuyo objetivo es crear la comisión que redactará la nueva Constitución nacional, pero que, con toda probabilidad, servirá para vislumbrar si el alzamiento del pasado febrero devendrá finalmente en una revolución genuina o si se revelará como la mascarada de una Junta Militar que, en realidad, habría azuzado las protestas para conservar el “status quo” alcanzado en 1952 a golpe de bayoneta. Medio siglo más tarde, islamistas y militares son aún los principales actores políticos y económicos de Egipto, aunque su privilegiada posición comienza a parecer amenazada por una serie de fuerzas que han emergido con pujanza de las entrañas de Tahrir: jóvenes revolucionarios partidarios de una transformación radical, nostálgicos de un régimen corrupto y dictatorial que se han travestido de demócratas para tratar de sobrevivir, y demócratas con reminiscencias tiránicas que ahora temen que ese sistema que anhelaban sirva para que los islamistas acaparen poder y que prefieren que cuestiones como la propia redacción de la Carta Magna emanen de una oligarquía elegida y bendecida por el Ejército y no de la voluntad del pueblo en las urnas. Junto a ellos, han aflorado el orgullo de los coptos -que persiguen un mayor peso político-, radicales de todo pelo -islámicos y cristianos-, liberales de tendencias variadas y quintacolumnistas civiles de una casta militar que durante años giró en torno al puño de hierro del dictador que ahora dicen denostar.

Todos ellos pululan estos días por las calles de las grandes ciudades y los caminos todavía empolvados de las zonas rurales en busca del voto, escudados bajo una miríada de confusas siglas, partidos dispares y complejas listas electorales que se han transformado el proceso electoral en un galimatías para la mayoría de los egipcios. Expertos locales y foráneos auguran una moderada victoria de los Hermanos Musulmanes, que, pese a sus divisiones políticas internas, comparten una estrategia común cuyo objetivo primordial es lograr una influencia (efectiva pero discreta) en la asamblea que redactará la futura Constitución. Escarmentada por la brutal represión que siguió al derrocamiento de la monarquía, consciente de que se halla ante la mejor de las oportunidades para borrar media centuria de ostracismo y confiada en la firmeza de su estructura, tejida a lo largo de años de clandestinidad, la Hermandad ha optado por seguir manteniendo el perfil bajo. Bien estructurada, y con decenas de años de experiencia en resistencia y acción social -que le han permitido penetrar en todos los estratos, incluido el propio Ejército-, su meta no es la presidencia del país, si no garantizarse el respaldo parlamentario suficiente para decidir sobre grandes cuestiones nacionales como la Justicia o la Educación y dictar las normas morales. En los últimos meses, la cofradía ha visto salir de su seno tres formaciones políticas: el Partido de la Justicia y la Libertad, considerado el más consistente de todos, el Partido de los Egipcios de hoy (Tayyar al-Masry) y el partido Al Reyada, ambos surgidos de las corrientes más jóvenes. Pero pese a esta división -fruto más de cuestiones políticas que ideológicas- la amenaza para la Hermandad procede de la resurrección de las corrientes radicales salafistas, que durante años boquearon aplastadas por la bota de la dictadura. Se intuye que tienen un amplio apoyo en Alejandría y zonas del delta y el sur de Egipto, pero se desconoce el número de votos que pueden arrastrar formaciones tan novatas como An Nour, Al Fadila o Al Asala.

La cuestión a dilucidar a partir del domingo será como se repartirán el resto de los escaños y cual es la pretensión verdadera del Ejército. En principio, la Junta Militar confía en la llamada “casta parasitaria” para salvaguardar su agenda económica y bélica. La mayor parte de ella la componen grandes comerciantes e industriales que durante las últimas décadas han visto multiplicase sus cuentas bancarias gracias a la tutela que la elite castrense ha ejercido sobre la economía nacional. Los demás son, sobre todo, feudatarios del antiguo régimen que han sobrevivido a las purgas y logrado tornar la chaqueta con un deje de agradecimiento servil, y engordan las listas independientes. Ni unos ni otros están interesados en una democracia en “strictu sensu”. Existe, en este sentido, una enorme desconfianza y un gran desconcierto sobre los planes que alberga la Junta Militar. En principio mantiene su papel como garante de la estabilidad y la seguridad del país mientras dure el largo proceso de transición, y se esfuerza por no aparecer como un obstáculo en el camino democratizador. Pero en los últimos meses, algunas decisiones y declaraciones contradictorias han despertado las suspicacias sobre sus ambiciones y levantado sospechas sobre el grado de unidad en el seno de las Fuerzas Armadas. Parece claro que la junta no pone reparos a ceder el mando a un gobierno civil, pero también ha demostrado que no está dispuesta a subordinarse al mismo. El pasado uno de noviembre aprobó una norma que impedirá a los futuros parlamentos supervisar el presupuesto del Ejército, y días después se aseguró la posibilidad de introducir miembros de su elección en la comisión que redactará la Carta Magna. Además, el proceso de transición que ha diseñado le permite tutelar el país hasta la elección del nuevo mandatario –prevista para 2013-, ya que el sistema egipcio actual obliga al primer ministro a someterse a los dictados de la presidencia, que ahora ejerce en cierta manera el mariscal Muhamad Husein Tantawi, quien durante dos décadas fue el ministro de Defensa de Mubarak.

A rebufo, el resto de fuerzas trata de organizarse y movilizar a su favor a una población diversa, ávida de libertad y con escasas costumbres democráticas. Una amalgama de grupos sin apenas estructura ni experiencia, que comparten un fondo de sueños pero cuyos propósitos son tan heterogéneos como la ciudadanía a la que apelan. Por un lado, la revuelta egipcia ha sido etiquetada como “la revolución de los jóvenes”. Una teoría que, con el paso de los meses, ha comenzado a perder vigencia. El alzamiento fue espoleado por los jóvenes porque cerca del cincuenta por ciento de la población egipcia se define en esa franja de edad, pero a medida que la llamada transición avanza, se multiplican las dudas sobre si las protestas se cimentaron sobre la base práctica de las “esperanzas jóvenes”. Y si fue así, qué jóvenes porque Egipto lo componen jóvenes cristianos y musulmanes, moderados y radicales, liberales, anarquista, sindicalistas, demócratas, revolucionarios, izquierdistas, conservadores, nostálgicos, ricos y sobre todo, pobres (…) y no todos comparten ambiciones. Por otro, la revuelta ha sorprendido a los tradicionales partidos laicos con el paso cambiado, hundidos en sus propias carencias y amarrados el desprestigio acumulado durante las décadas de tiranía militar. Ninguno de ellos ha logrado aún hacerse con el ariete del laicismo, ni han hallado una plataforma común que les permita acortar la gran distancia que les separa de los islamistas. En este sentido, todo parece apuntar a que la representación de liberales y laicos en la Asamblea Constituyente será dispersa y atomizada.

Otros elementos invitan al pesimismo a jóvenes como Omar, Hasan o Tawfiq, que se sumaron al alzamiento con entusiasmo y que depositaron en él sus esperanzas. En los últimos meses, la Junta Militar ha transitado por otras sendas igual de confusas, que ha menudo han desembocado en acciones inconsistentes, e incluso contradictorias. Al mismo tiempo que ha estimulado una serie de reformas democráticas cosméticas, ha evitado acometer otras más determinantes y acuciantes, como el levantamiento total de la ley de emergencia o el fin de los arrestos arbitrarios. Desde la caída de Mubarak, se ha incrementado la cifra de juicios militares a activistas, defensores de los derechos humanos y blogueros como Mijail Nabil o Alaa abul Fatah, quien aún pena en cárceles castrenses sin juicio acusado de delitos como la incitación al odio sectario. Y la sangre ha comenzado a correr en confusos enfrentamientos, como el que el nueve de octubre causó la muerte de 27 personas en la avenida Maspiro, cuando la Policía dispersó con fuego real a una multitud, en su mayoría de coptos, que protestaban frente al edificio de la Televisión estatal.

“La esperanza está viva”, concluye Hasan con un grito que va más allá de un quimérico optimismo. El espíritu de Tahrir ha despertado la conciencia luchadora de una sociedad largo tiempo adormilada, que ahora cree de nuevo en el poder catártico y lustral de la calle. En las zonas industriales del delta -donde las huelgas de 2008 sembraron la semilla de la revuelta de 2011- prosigue la actividad sindical, las protestas y las movilizaciones en demanda de salarios más dignos y mejores condiciones laborales. Meses atrás, conductores de autobús lograron interrumpir el destartalado servicio público de El Cairo, mientras que grupos de abogados consiguieron frenar una ley que pretendía dejarlos a merced del albur de los jueces. Profesores y otros funcionarios, tanto de la capital como de los deprimidos pueblos del sur y del delta, han llevado a cabo distintas iniciativas de protesta en busca de progresos. “Los egipcios sabemos ahora cuales son nuestros derechos, y como luchar por ello. Esto no acaba más que empezar. Es una “intifada” (alzamiento), sí. Pero el objetivo sigue siendo la revolución”, concluye Hasan. FIN

Primavera con peligroso aroma a otoño…

El pasado 7 de mayo, Egipto volvió a copar la primera página de la prensa internacional con un suceso trágico, pero desgraciadamente corriente en el país del Nilo durante los últimos años. Al menos una decena de personas perdieron la vida en el populoso barrio cairota de Imbaba cuando grupos de radicales musulmanes atacaron una iglesia copta, donde supuestamente estaba retenida una mujer cristiana que por simple matrimonio -o por amor- iba a convertirse al Islam. Relegada a páginas interiores -e incluso obviada por gran parte de la prensa internacional- quedaba, sin embargo, una disputa de similar barniz pero, quizá, de naturaleza más amplia e inquietante: las protestas en la provincia meridional de Qena contra el nombramiento, el 14 de abril, del nuevo gobernador de la provincia, el general copto Emad Mijail.

Diez días después de conocerse la designación, cientos de habitantes de esta empobrecida área del sur de Egipto se echaron a las calles y bloquearon la línea ferroviaria para exigir el cese de un hombre procedente del temido y denostado aparato de Seguridad del antiguo régimen. La virulencia de la movilización -en la que participaron tanto cristianos como musulmanes- obligó a la Junta Militar que gestiona el país a dejar en suspenso la designación de Mijail y colocar en su lugar, de manera interina durante tres meses, a otro militar, Mayid abd al-Karim, éste de confesión musulmana. La componenda no sirvió, sin embargo, para apaciguar la ira de los habitantes de la población, que ya ha sido escenario en el pasado de violentos y cruentos enfrentamientos sectarios.

Días después, una delegación de representantes de la comunidades locales explicó al ministro de Interior, su paisano Mansur al-Issawy, las razones de la rebeldía: los dos generales eran percibidos como una reminiscencia del derrocado régimen. Mijail, en particular, ejercía de subcomisario de la oficina central de Seguridad de Giza cuando estallaron las revueltas contra la satrapía de Hosni Mubarak. Aunque su papel en la represión no ha sido demostrado, algunas personas le señalan como uno de los responsables de la violencia en las primeras semanas. Los líderes locales advirtieron, además, de que si el Ejecutivo persistía en su decisión de mantener en el cargo a ambos militares emprenderían una serie de medidas de presión más duras. Pese a la amenaza, el Gobierno optó por hacer oídos sordos y rechazó el cese de Mijail.

Los sucesos en Qena e Imbaba ponen de manifiesto que los problemas estructurales de Egipto como sociedad y nación no sólo perduran, sino que están aún muy lejos de resolverse; y proyectan, asimismo, la turbadora sensación de que la ilusionante “primavera egipcia” podría devenir en un frío otoño con tintes de crudo y dramático invierno, e implicaciones en el resto del mundo árabe.

Más allá del conflicto político o religioso, el problema reside en que la población comienza a sentir que los nuevos rectores del país son de la misma calaña que sus odiados predecesores. Gente que tiene una agenda propia y no escucha ni valora la voluntad del pueblo, explica el escritor y analista egipcio Alaa al-Aswany. “El Ejército salió fortalecido de la revuelta. Con todo el crédito de la población. Pero algunas de sus decisiones políticas, y sobre todo, la lentitud de las reformas y la persistencia de los problemas económicos pueden minar esa confianza. Si la gente vuelve a la calle, ninguno sabemos qué actitud adoptarán esta vez”, explica Hasan M., uno de los jóvenes activistas que durante casi un mes participó y animó la histórica movilización en la plaza de Tahrir.

En este aparente juego de desconfianzas, una de las fuentes de mayor recelo es la facilidad con la que algunos grupos apelan a la religión, la manipulan y logran con ello movilizar a la población. Según colegas egipcios que cubrieron “in situ” las protestas de Qena, además de los cristianos, participaron en la misma caciques, Hermanos Musulmanes, grupos Salafies y partidarios de la rediviva organización radical violenta Gamaa al-Islamiya. Aunque las críticas públicas eran las ya referidas, en algunas de las mezquitas también se escuchaban consignas como “alza tu cabeza, eres musulmán” o “Salafies y Hermanos Musulmanes son un voz única en contra del gobernador nazareno”. Todos ellos, junto a miembros del desmantelado Partido Nacional Democrático (NPD) y ex miembros de los temidos Servicios Secretos, están cada vez más presentes en la complica transición política egipcia.

A este respecto, analistas locales coinciden en advertir que estos grupos religiosos se fortalecen día a día, y argumentan que su fuerza procede, en gran medida, de la intrascendencia en la que parecen haberse sumido los movimientos laicos. Aunque fueron uno de los factores determinantes en la caída del régimen, no han sido capaces aún de forjar una opción política que mantenga el grado de ilusión y cohesión necesarias para hacer frente a una mejor y más organizada oposición religiosa. La lentitud de las reformas, su tibieza en ocasiones, y la persistencia de la precariedad económica contribuyen, igualmente a esta tendencia. Por ello, esos mismos expertos reclaman más apoyo exterior y ayudas efectivas -principlamente en los sectores financiero y comercial- que contribuyan a resucitar la economía, mantegan las esperanzas, favorezcan las expectativas de futuro de los jóvenes y eviten que la compleja transición pueda ser secuestrada por los más intransigentes. No se trata de arrinconar a grupo alguno, subrayan, si no de encontrar un equilibrio que permita que todas la opciones tengan voz y libertad.

“Necesitamos un impulso, porque existe un peligro real de que perdamos lo que hemos conseguido. De que la revolución fracase”, apostilla Hasan, musulmán practicante, pero liberal convencido.

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Irán, el pulso por el poder… (la crónica que quedó en el tintero)

Con el arranque del verano y la llegada del asfixiante calor, el régimen iraní puso en marcha su acostumbrada (y agresiva) campaña estival para “combatir el pecado, proteger la virtud y preservar el uso correcto del velo”. Según cifras oficiales, alrededor de 70.000 agentes -hombres y mujeres- fueron desplegados en las calles y plazas de Teherán y de otras ciudades del país con la misión de censurar cualquier atisbo de piel, cualquier asomo de curvatura corporal que pueda incitar al instinto más animal de los humanos, y escarmentar a los indecorosos. Escoltadas por un compañero de las milicias de voluntarios islámicos “Basij”, mujeres embutidas en impenetrables “chador” negros vigilan desde entonces los accesos a los centros comerciales, a centros educativos, mercados, parques e incluso los cruces de caminos. Están proscritos los pañuelos demasiado laxos, aquellos que permitan entrever un flequillo o descubrir el cuello femenino; las mangas que dejen a la vista la muñeca, cortas o remangadas por encima de la línea del reloj; y los “mantoos” ajustados que se eleven “peligrosamente” por encima de las rodillas. El castigo es una multa que ronda los 250 euros y la obligación de firmar un documento en el que se admite la falta y se promete no reincidir. Apenas hay opción de escape, pese a que cada vez son más las mujeres que han perdido el miedo y se encaran a los lacayos del régimen. Visibles a poca distancia, furgonetas verdes y blancas de la Policía supervisan la operación, preparadas para intervenir si es necesario. Quienes no pagan en el acto, sufren un segundo calvario: se congelan sus cuentas o se impide cualquier trámite en la administración hasta que saldan la deuda. “Es absurdo, no hay marcha atrás y lo saben. Las mujeres iraníes hemos dado un paso adelante que no admite retorno. Estas campañas solo buscan recaudar y tratan de mantener el estado de terror. Recordarnos que, pese a todo, siguen ahí, con todo su poder”, explica Fariba M., periodista y activista de los derechos humanos.

Pero no solo las mujeres sufren este verano el acoso de los sectores más retrógrados de un régimen cada día más alejado de las aspiraciones del pueblo. A los ojos de los auto denominados protectores de la moral también son reprobables los peinados masculinos “occidentalizados” y las camisas abiertas que ofrezcan tórax engalanados con colgantes y cadenas de oro o plata. Incluso al inicio de la campaña, un supuesto experto apareció en la televisión estatal para pregonar una teoría que de ser cierta resolvería el acuciante problema de la superpoblación del planeta: los famosos pantalones vaqueros (jeans) deben su nombre al vocablo árabe “jinns” (espíritu maligno en la teología chií) y su uso prolongado o demasiado ajustado causa infertilidad. “El régimen cree que el pueblo es igual de ignorante y de supersticioso que hace treinta años, que puede manipularlo de la misma manera, pero gracias a dios, Irán ha progresado y sabe que hay otro mundo más allá de sus fronteras”, argumenta Mahmud A.R., estudiante de ingeniería.

Sin embargo, este año, detrás del habitual celo inquisidor veraniego, la campaña parece también esconder un capítulo más de la enconada y virulenta lucha fratricida por los límites del poder (y por el control de los cresos recursos del estado) que libran los padres del régimen y los hijos que ansían su herencia. Soterrada desde el inicio de la presente centuria, la batalla salió a la luz en toda su crudeza durante la campaña electoral para las presidenciales de 2009 y la brutal represión policial que siguió a la controvertida reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad, que la oposición tachó de fraudulenta. Nada más conocerse el resultado, cientos de miles de personas se echaron a las calles de país para protestar en una oleada de indignación que se cobró la vida de decenas de personas y llenó las cárceles (oficiales y extra judiciales) de miles de ex gobernantes, intelectuales, artistas, abogados, periodistas, activistas de los derechos humanos y ciudadanos de a pie como Fariba y Mahmud. Alrededor de un centenar de ellos han sido ya juzgados y condenados -algunos incluso a la pena capital-, acusados de participar en una suerte de conjura urdida desde el exterior para derrocar la República Islámica.

Desde entonces, la brecha se ha profundizado, horadada por las ambiciones de un Ahmadineyad convencido de que las urnas amañadas le han conferido una ficticia legitimidad por encima de las atribuciones que le concede el sistema teocrático. Secundado por un círculo de hombres que han crecido a su vera desde que fuera nombrado gobernador de la conflictiva localidad de Ardabil, en los duros años de la guerra fronteriza con Irak (1980-1988), ha emprendido una ofensiva contra todo los estadios del sistema cuyo principal objetivo es, en principio, recortarles poderes y convertir la presidencia en la segunda instancia del estado, al nivel del poderoso Consejo de Guardianes y solo por debajo del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, quien disfruta de poder omnímodo. Además, su polémica política de privatizaciones -que ha favorecido a los oficiales medios de la Guardia Revolucionaria- le ha enfrentado a los mandos de alto rango de este cuerpo de elite fundado y tutelado por el actual guía de la Revolución, mientras que los devaneos nacionalistas y pseudo-laicos de su influyente jefe de gabinete y consuegro, Esfandiar Rahim Mashaí, han enervado a la casta clerical, temerosa de perder los privilegios arrebatados a la monarquía tres décadas atrás.

Socialmente, el mandatario conserva el apoyo de las zonas rurales, donde ha logrado colocar gobernadores de su cuerda, y de las clases urbanas más humildes, paradójicamente las más favorecidas por su controvertido plan de supresión de los subsidios nacionales a la gasolina, la energía y los alimentos. La sustitución de las ayudas estatales por ingresos mensuales y en efectivo según nivel social y número de miembros de la unidad familiar ha dotado de un sueldo a familias que antes carecían de ingresos regulares y apenas sobrevivían al día. Familias de hábitos austeros que casi no han notado el espectacular incremento en la factura de la electricidad y el gas, al contrario que la cada vez más estrecha y asfixiada clase media, obligada a mayores sacrificios. Es en este último sector de la población, desencantado con sus promesas populistas, donde Ahmadineyad pierde día a día popularidad.

También parece haberse desvanecido gran parte del respaldo que le proporcionaba el líder supremo, quien en 2009 defendió la limpieza del proceso electoral pese a las multitudinarias protestas, llegadas desde todos los rincones del régimen y de la sociedad. El distanciamiento salió a la luz el pasado 17 de abril a causa de la polémica (y fallida) destitución del todavía ministro de Inteligencia y Servicios Secretos, Heydar Moslehí. Dos horas después de que la agencia estatal de noticias local Irna, dirigida por uno de los hombres más afines al presidente, anunciara su supuesta dimisión, Jameneí ordenó que el único clérigo del gabinete permaneciera en su puesto. Desairado, Ahmadineyad despareció de la escena pública, que cultiva con tanto esmero; abandonó sus obligaciones e incluso evitó presentarse y presidir dos consejos de ministros, en una especie de boicot que según medios de la oposición concluyó después de que el propio Jameneí amenazara con obligarle a dimitir. Clérigos y miembros de la facción “principalista” (conservadores) del Parlamento saltaron a la televisión y al resto de medios controlados por el líder supremo para advertir al mandatario de que no sobrestimara su poder y recordarle el fatídico destino del otro presidente laico de la República Islámica, Abul Hasan Bani Sadr, obligado en 1980 a abandonar su puesto en un pulso parecido con el propio fundador del estado, ayatolá Rujolá Jomeini, a los pocos meses de ser nombrado.

En el centro de la saga, junto a Ahmadienyad y Jameneí, se sitúa también el citado Mashaí, cuya hija está casada con uno de los hijos del presidente, y que es el verdadero “factotum” de la política del mandatario. Antiguo miembro de los servicios de Seguridad -algunos opositores lo identifican como un interrogador cruel e implacable- colecciona una ristra de declaraciones polémicas que han irritado a los clérigos y sacudido ciertos pilares del régimen, como la animadversión hacia Israel y la hostil relación con Estados Unidos. Su ambición por promover el nacionalismo persa por encima del carácter religioso del estado para minar la influencia de la casta clerical le llevó el pasado marzo a cometer un error similar al que contribuyó a desencadenar el final del Sha Pahleví. Propuso celebrar la fiesta de año nuevo (Nooruz), de origen zoroástrico, con un acto de Estado en las ruinas de Persépolis, una de las capitales del antiguo imperio aqueménida, idea que fue frenada desde los influyentes seminarios teológicos de la ciudad santa de Qom. Semanas después, varios clérigos acusaron a Mashaí y a su círculo más íntimo de haber embrujado a Ahmadineyad. Incluso, uno de ellos fue arrestado por miembros de la Guardia Revolucionaria, acusado de hechicería.

La lucha entre la nueva generación encabezada por Ahmadineyad y los representantes de la vieja guardia se remonta a la sorpresiva (y también polémica) primera elección del actual presidente, en 2005. Ahmadineyad era por entonces alcalde de Teherán, y a priori carecía de peso en la política nacional. Sin embargo, y por un estrecho margen, logró entrar en una segunda vuelta frente al favorito, el ex presidente Alí Akbar Hashemí Rafsanyaní, entre denuncias de fraude del otro aspirante desplazado, el ex jefe del Parlamento, Mehdi Karrubí. Analistas iraníes subrayan que en la inesperada victoria final del entonces regidor de la capital desempeñó un papel fundamental Mujtaba Jameneí, hijo del líder supremo.

Consolidada la reelección a golpe de porra en 2009 –supuestamente con el beneplácito del propio Mujtaba-, Ahmadineyad ha iniciado su postremo asalto al poder. Su primer objetivo ha sido el Parlamento, con el que ha batallado durante los primeros 18 meses de su segundo mandato para lograr la aprobación de su discutido plan de reformas económicas. Jaleados por su presidente, Alí Lariyaní –hombre igualmente cercano al líder supremo- los diputados sólo dieron su brazo a torcer tras la intervención directa a favor del mandatario del propio Jameneí. Desde entonces, Ahmadineyad ha acusado a la Cámara de ser una rémora y de torpedear la acción del Gobierno. Un ataque que atenta de forma directa contra uno de los preceptos de Jomeini, que siempre defendió la necesidad de la existencia de un Parlamento frente a aquellos clérigos más radicales –como el ayatolá Mesbah Yazdí, mentor espiritual de Ahmadineyad- que argumentaban que el adjetivo islámica junto al sustantivo república convertía en innecesario el concepto de sistema parlamentario. La lucha entre la Asamblea y el Ejecutivo se ha recrudecido en las últimas semanas a causa de la ambición del mandatario de fusionar varios ministerios para reducir el número de carteras. La decisión de Ahmadineyad de cesar a tres ministros sin la aprobación previa del Parlamento –e incluso nombrarse a sí mismo ministro interino de Petróleo y Energía- abrió la caja de los truenos. La medida fue criticada y sancionada hasta por el poderoso Consejo de Guardianes, que la tachó de anticonstitucional y obligó al presidente a recular.

En una situación parecida se hallan las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, dirigido por el ayatolá Sadeq Lariyaní, hermano del presidente de la Cámara. Los casos de Shakiné Mohammadi Ashtianí –la mujer acusada de adulterio que corría el riesgo de ser apedreada- o el de los tres senderistas estadounidenses apresados hace dos años en la frontera con Irak y acusados de espionaje, han evidenciado las diferentes tendencias políticas en el seno de un régimen atomizado.

El último objetivo de las flechas del presidente ha sido la propia Guardia Revolucionaria, ejército ideológico del régimen y centro neurálgico del poder. A principios de este mes de julio, Ahmadineyad sacó al debate público una verdad conocida por todos en el país, pero que nunca había sido siquiera sugerida en voz alta: acusó a los oficiales del citado cuerpo de manejar y gestionar una red de puertos y aeropuertos clandestinos en los que se contrabandea con bienes que van desde los productos que abastecen los supermercados hasta sustancias ilegales como el alcohol, la gasolina, el maquillaje e incluso piezas de armamento. El presidente se atrevió a exigir en público que esos puertos deberían ser supervisados por el Gobierno, y vigilados por la autoridad de aduanas. Sus palabras fueron la cumbre de una serie de acusaciones similares de negocios ilegales entre el Ejecutivo y la Guardia Revolucionaria, que no solo controla parte importante del comercio nacional, si no que también domina la construcción de infraestructuras del país, el controvertido programa nuclear y la gestión del petróleo –verdadero sostén económico del país- a través de su brazo empresarial, un conglomerado de empresas conocido como Khatam al-Anbiya. La respuesta más contundente la dio el máximo responsable militar de la Guardia, el general Alí Jafarí, que advirtió a Ahmadineyad de “sus excesos” en una larga entrevista concedida a la agencia de noticias local Mehr. Días antes, la vieja guardia había lanzado también un mensaje de unidad: sin la presencia del presidente, se reunieron en público los oficiales de mayor rango del citado cuerpo, junto a Alí Saedí –representante del líder supremo para asuntos de la Guardia Revolucionaria-, al ex comandante jefe del citado cuerpo y candidato presidencial en 2009, Mohsen Rezaei, y al actual alcalde de Teherán y también miembro de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Bagher Qalibaf, quien parece ser el elegido por la vieja guardia –y también por el propio Mujtaba Jameneí- para reemplazar a Ahmadineyad. Todos ellos firmaron una declaración en la recalcaron la necesidad de que todas las fuerzas del país se mantengan unidas y eviten disputas que puedan sugerir una sensación de debilidad al enemigo.

Todas estas escaramuzas han multiplicado en las últimas semanas los rumores sobre la posibilidad de que Ahmadineyad tenga que enfrentarse a un proceso de recusación (impeachment), que a la postre debilitaría, sin duda, la posición del propio líder supremo. Jameneí apostó fuerte al defender públicamente al mandatario frente a las acusaciones de fraude. Y también al respaldar, con su intervención abierta ante el Parlamento, su plan para suprimir los subsidios. Un eventual cese del presidente perjudicaría tanto su prestigio como dirigente como su imagen de representante sobre la tierra del imam oculto (mahdi), ya que se supone que sus juicios y decisiones proceden directamente de su inspiración y es por ello infalible. Entre las preguntas que sobrevuelan este análisis, destaca una: ¿es Ahmadineyad un suicida político, un hombre tan prendando de sí mimo que sobreestima su capacidad, o sus políticas y nombramientos, en apariencia erráticos y erróneos, son en realidad una estrategia consciente para minar el sistema teocrático y cambiar dinámicas dentro de la República Islámica? Difícil de aventurar en un régimen cerrado y enigmático, en el que el pasado nos ha enseñado que todo es posible. Analistas y colegas en Teherán apuntan a que las respuestas comenzarán a resolverse en el primer trimestre de 2012, fecha para la que están previstas las próximas elecciones parlamentarias. FIN

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El baile de las serpientes

Casi un año después de que Túnez prendiera la fogarada de las revueltas y desatara los reprimidos vientos de cambio en el mundo árabe, el presidente de Yemen, Alí Abdulá Saleh, se ha convertido en el cuarto mandatario obligado a abandonar el poder y el primero en hacerlo a través de un acuerdo negociado con la oposición, y bendecido por la comunidad internacional. Militar avezado y ducho en el arte de la conspiración, Saleh aceptó a finales de noviembre, tras maniobrar durante meses, una iniciativa auspiciada por Arabia Saudí que le ha permitido huir -en puente de plata- a Nueva York, donde supuestamente culminará la recuperación de las graves heridas sufridas durante el atentado perpetrado contra su palacio el pasado 3 de julio. Atrás deja una tierra en llamas, una sociedad quebrada y una enmarañada ristra de incertidumbres sobre el futuro de uno de los países más pobres del mundo. De acuerdo con el pacto rubricado, once meses después del estallido de unas protestas que han colocado Yemen en el dintel de la guerra civil se inicia un proceso de transición que será pilotado, mano a mano, por quien fuera su vicepresidente, Abdel Rabuh Mansur Hadi, y el principal líder de la oposición Mohamad Salem Basandawa, quienes deberán asfaltar el camino para la celebración de unas elecciones generales libres y plenamente democráticas. Sin embargo, la sociedad yemení parece estar aún lejos de la concordia que se necesita para una transformación de similar calibre. Al menos seis provincias, casi todas en el norte y oeste del país, escapan al control del Gobierno central. Grupos tribales -como los Houthi, de credo chií- no han depuesto las armas y en las calles son todavía multitud los que braman en contra del “apaño” y exigen que Saleh permanezca en Saná para hacer frente a la Justicia. Además, uno de los hijos del dictador fugado mantiene el control de fuerzas de elite acantonadas al norte de la capital y en el ambiente flota un halo añejo de desconfianza emanado de la epopeya del propio mandatario, quien ha sobrevivido a todo tipo de avatares y conjuras desde que en 1978 se hiciera con el poder en la antigua República Árabe del Yemen del Norte, y lograra doce años después reunificar uno de los territorios con más armas por habitante del planeta gracias, sobre todo, a un taimado temple que le permitió cabildear de igual manera -y similar éxito- con contrincantes tan dispares como Estados Unidos, Irán o los grupos de tendencia islamista radical violenta.

Alí Abdula Saleh es también, hasta la fecha, la última víctima de la turbulenta y erróneamente llamada “primavera árabe”. Casi nadie duda de que el proceso de redefinición que estalló tras el gesto de Mohamad Bouaziz, el joven vendedor ambulante tunecino que se inmoló hace un año desesperado ante el funesto sino que le aguardaba en una sociedad sin oportunidades, supone el canto del cisne de una edad que nació a mitad del pasado siglo XX con el golpe de Estado de los “oficiales libres” en Egipto y que se vertebraba en torno al panarabismo de tinte socialista inventado por Gamal Abdel Naser, de quien los tiranos que ahora se precipitan son, ideológicamente, hijos o nietos bastardos. Sin embargo, aún es pronto para saber si el cambio esperable significa ese reverdecer estival que las sociedades árabe-musulmanas anhelan desde hace más de una década, o queda reducido a un melancólico y despacible otoño. De momento, la única verdad que se atisba es que el tiempo de los coroneles se consume y se abre paso una nueva era, que quizá sea la del islamismo moderado.

La senda más despejada parece haberla emprendido precisamente Túnez. Ajeno al nivel de violencia que ha sacudido -y todavía sacude- a sus hermanos, el país norteafricano marca tendencia con una transición casi modélica que ha desembocado en la reciente celebración de elecciones plurales. Como se había pronosticado, la victoria sonrió a los islamitas moderados de An-Nahda, formación proscrita durante la dictadura de Ben Ali. Sin embargo, la diversidad de una sociedad en efervescencia repartió el poder con liberales y representantes de otras formaciones, que ahora comparten responsabilidades. Y aunque los problemas económicos que originaron la crisis aún persisten -regiones rurales y mineras como Gafsa son aún foco de protestas y enfrentamientos- y han surgido nuevos temores sobre el futuro y los derechos de colectivos como las mujeres o de las minorías, el clima de cierta paz política y la esperanza -aún intacta- de la sociedad, inclinan a invitar al optimismo.

Más proceloso se divisa el tránsito en Egipto y Libia. En la tierra que alumbró a los faraones, aquellos que salieron a las calles para derribar al sátrapa aún están a la espera de la revolución inconclusa y con visos de quedar cercenada. En apenas nueve meses, pocos son los cambios trascendentes logrados. El Ejército sigue en el poder, la represión se ha multiplicado y la clase política secular -consciente quizá del poderío que todavía detenta la Junta Militar- parece más proclive a buscar una solución de compromiso con la elite castrense que a cumplir con los anhelos de quienes se resisten a que el espíritu de transformación total surgido de las calles les sea arrebatado. Además, ciertos acontecimientos ocurridos en los últimos meses han propalado la desazón. La violencia ha teñido de sangre el proceso y fortalecido la impresión de que todo ha sido una falaz maniobra de la casta militar para garantizarse sus privilegios y aniquilar las ambiciones hereditarias de la familia Mubarak. La sensación de que el Ejército en realidad pretende perpetuar sus prebendas propició que la plaza Tahrir, motor de las protestas, volviera a rugir una semana antes del inicio del largo -y complejo- proceso electoral que debe desembocar en la formación de una asamblea constituyente que redacte la nueva Carta Magna. Según los plazos establecidos, el nuevo texto no estará listo hasta finales de 2012, tiempo suficiente para que la Junta Militar deje amarradas sus prerrogativas. La respuesta de las autoridades castrenses al renovado clamor combinó represión y sagacidad: por un lado, el mariscal Husein Tantawi advirtió que no se tolerarán desmanes. Por otro, la Junta parece haber camelado a la oposición política para que se suba a su carro con la formación de una suerte de Consejo Civil, que en principio deberá coordinarse con las Fuerzas Armadas y vigilar el proceso de entrega del poder. Los militares saben que más allá de los jóvenes que exigen reformas radicales, solo se enfrentan a una oposición dispar que durante años el propio Mubarak se esforzó en convertir en un erial, y que ahora deja como figuras más destacadas a un ex miembro del antiguo régimen (Amr Musa, que se enfrentó al tirano tras ser durante años su ministro de Exteriores) y a un político de dilatada carrera diplomática, alto prestigio internacional y nula experiencia interna (Mohamad al-Baradai), que aún no ha podido sacudirse esa percepción de ser un extraño, un recién llegado en una sociedad que durante largo tiempo ha observado desde la distancia. En medio, los Hermanos Musulmanes -el movimiento opositor más influyente y estructurado del país- parece aún navegar en dos aguas, reticente a alejarse de las alharacas callejeras de liberales y laicistas y más propenso a un acuerdo tácito con los militares que les permita multiplicar su influencia y evite que se repita el cruento destino que sufrieron sus esperanzas tras la algarada de 1952. La reciente victoria parcial en las elecciones satisface algunas de sus principales pretensiones iniciales, aunque les preocupa un pero: el avance del salafismo radical, convertido ya en la segunda fuerza del país, y motivo también de inquietud para la Junta Militar.

La ingente cantidad de armas y los conflictos entre las diversas provincias y milicias son los dos problemas más evidentes de Libia. Sin embargo, el resurgimiento del islamismo radical de influencia wahabbi-saudí -durante años aplastado por el puño de la dictadura- y la avaricia de los diferentes grupos a la hora de repartir la riqueza del estado se erigen como sus principales amenazas. Huido el dictador, las mujeres con el velo integral (niqab) -e incluso con burqa- y los hombres de barbas luengas y túnicas por los tobillos se han asomado a las calles de la capital. Grupos de salafies, armas en ristre, han comenzado a acosar a los imanes en las mezquitas para exigir una interpretación más rigorista, en incidentes que día a día son más comunes. Incluso se han manifestado frente a universidades y oficinas gubernamentales en demanda de la segregación por sexos en los espacios públicos y han emprendido una campaña para destruir todas las tumbas de sabios y hombres santos venerados por la población, ya que en su interpretación excesiva del Islam se considera una forma de idolatría. La figura más destacada es Abdel Hakim Belhach, un personaje de turbio pasado, entrenado en el arte de la guerra en las montañas de Afganistán, encarcelado por Muamar Gaddafi y que en el pasado coqueteó con la red terrorista internacional Al Qaida en el Magreb (AQMI). Asesinado el dictador, Belhach -protagonista central en la reciente guerra civil- se ha convertido en uno de los hombres más importantes del país. A sus órdenes lucharon las milicias más crueles -aquellas que acabaron los últimos bastiones de resistencia gadafista y cazaron al tirano- y bajo su mando se levanta el aparato de seguridad del nuevo estado. “La división y los enfrentamientos armados entre grupos son cuestiones ligadas a la competencia regionalista del país, y se solucionarán con el tiempo, una vez que los distintos grupos de milicianos se regularicen y vuelvan a sus ciudades de origen”, explicaba el pasado noviembre en Madrid Mansour el Kikhia, uno de los principales asesores políticos del Consejo Nacional de Transición libio. “El mayor problema es decidir que tipo de país y de sistema queremos para el futuro. Mucha gente ni siquiera sabe que significan realmente conceptos como libertad y democracia”, advertía en un intento por aventar las sombras aparecidas en el proceso de transición de un país poco poblado y rico en petróleo.

Los alzamientos en el mundo árabe-musulmán han desencadenado, asimismo, dos procesos de reforma edulcorados -Jordania y Marruecos, país este último en el que los islamistas moderados han ganado los elecciones tras la tibia reforma constitucional impuesta por el rey para blindar la monarquía-, un conato de protestas enterrado en oro -Arabia Saudí abrió enseguida la cornucopia de las arcas del estado-, una protesta aún viva y sangrienta pero casi olvidada por la prensa (Bahrein, donde la enconada situación política y la represión policial apuntan a un conflicto largo) y un estado (Siria) asomado a las puertas de la guerra civil.

Hundido en una espiral de represión sistemática que ha costado ya la vida a más de 4.000 personas -según datos de la ONU-, el régimen que preside Bachar al Asad resiste los embates, pese a la presión diplomática de Occidente, el abandono de gran parte de los gobiernos árabes de la zona y la perseverancia de la oposición, firme en su desafío a pesar de la brutalidad y el alto número de bajas diarias. En una decisión sin precedentes, el grueso de la Liga Árabe aprobó a finales de octubre un paquete de sanciones alentadas por Riad y otros regímenes del Pérsico, que persigue asfixiar los recursos del régimen y fortalecer a los alzados. Sin embargo, expertos en la región apuntan a que las medidas punitivas poseen, ante todo, un carácter simbólico. De la iniciativa ya se han desvinculado estados como Argelia, el Líbano o Irak, países estos dos últimos cruciales. Ambos comparten una larga frontera con Siria y ambos son el vínculo entre Damasco y su principal aliado en la región, Irán, que mantiene desde hace décadas una enconada guerra ideológica con Arabia Saudí por extender la influencia en la zona. “El boicot al Banco Central sirio, que suele ser el que concede los créditos, hará la vida más complicada a los exportadores e importadores”, argumentaba días atrás a la agencia de noticias Reuters Chris Philipps, experto de la Economic Intelligence Unit. Pero existen razones suficientes para creer que gobiernos como Irak y el Líbano no las implantarán, advertía. El mismo documento sancionador ofrece, además, una vía de escape a estos países al excluir acciones que perjudiquen a la población civil siria o que dañen sus propios intereses económicos y comerciales. “Irak tiene reservas a cerca de esta decisión… que puede afectar de forma negativa a los intereses de nuestro país y de la amplia comunidad (de iraquíes) que viven en Siria”, señalaba horas después de la histórica decisión Labeed Abbawi, secretario de Estado iraquí de Asuntos Exteriores, en una declaración de intenciones. En la misma línea pesimista se expresaba un conocido banquero jordano, citado igualmente por Reuters, quien subrayaba que “si cada estado invoca las consideraciones especiales, creo que será una medida más simbólica que práctica. En cualquier caso, agregaba, será un proceso lento que tendrá impacto no solo en la economía de Siria, sino también en sus vecinos.

Responsables de servicios secretos occidentales en la región admiten, por su parte, que tras el telón de las sanciones se esconde también una estrategia clandestina con la que se pretende desgastar al régimen a través de un conflicto fratricida como el que se desencadenó en Libia. Desde hace ya varios meses, activistas de un grupo opositor armado que se autodenomina “Ejército sirio libertario” se han desplegado a lo largo de las fronteras de El Líbano, Turquía e incluso partes del norte de Irak desde donde envían armas al interior de las provincias rebeldes -en particular Homs, Hama e Idleb- y llevan a cabo una agresiva campaña para promover las deserciones en el seno de las fuerzas gubernamentales y constituir una fuerza regular y bien entrenada que sea capaz de enfrentarse a campo abierto con los soldados y sicarios del régimen. Según el relato de varios testigos independientes, en ciertas barriadas de ciudades opositoras como la propia Homs ya es posible ver rebeldes armados con lanzagranadas clase RPG, rifles automáticos de precisión M-16 -utilizados por los francotiradores-, metralletas y subfusiles de asalto AK-42 Kalashnikov, cuyo precio se ha disparado hasta los 1.200 dólares en el mercado negro libanés. Sin embargo, el hermetismo impuesto por el régimen sirio -que ha cerrado el país a la prensa- y las miles de informaciones interesadas que orbitan en torno a la situación real, impiden tener una fotografía clara del conflicto. Entre la comunidad internacional prima de momento la cautela, aunque no se oculta que el objetivo prioritario es la caída definitiva de la dinastía Al Asad. Hasta la fecha, los gobiernos occidentales han obviado la petición de los opositores sirios de que se imponga una zona de exclusión aérea en el país, preludio de una intervención extranjera como la que propició la victoria de los alzados en Libia y acortó la guerra civil. La capacidad de Damasco -un régimen más cuajado que el de Gaddafi-, unido a su posición geográfica, sus peligrosas amistades -Irán, los grupos chiítas libaneses Hizbulá y Amal, y el movimiento de resistencia palestino Hamas- y las reticencias de grandes potencias como China y Rusia, causan que la ecuación siria adolezca aún de numerosas incógnitas por despejar. Como asegura un viejo amigo fotógrafo exiliado en El Cairo, el devenir de la revuelta en Egipto es clave para el futuro de Oriente Medio. La eventual desaparición del actual régimen sirio, asegura, rediseñará el mapa político de la región, “y quizá el del mundo”. FIN